En un movimiento que marca un cambio de estrategia en su prolongado enfrentamiento con el fisco mexicano, el conocido empresario Ricardo Salinas Pliego solicitó formalmente una mesa de diálogo para revisar sus obligaciones tributarias. La respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, no se hizo esperar y fue tan clara como contundente: la ley exige el pago.
Recuerdo, a lo largo de mis años observando la dinámica entre el poder económico y el fiscal, que estas peticiones de “mesa de diálogo” solían ser el preludio de complejas negociaciones a puerta cerrada. Pero los tiempos, efectivamente, han cambiado. Durante la conferencia matutina de ayer, el Gobierno federal hizo pública la cifra exacta del adeudo: 48 mil 382 millones de pesos, una cantidad que refleja una disputa de larga data.
La Mandataria fue enfática al señalar que las épocas de los “acuerdos en oscurito” pertenecen al pasado. He sido testigo de cómo esa opacidad generaba desconfianza en el sistema. Su declaración, “las puertas del SAT están abiertas, pero la ley es la ley”, subraya un principio que he visto ganar terreno: la aplicación impersonal de la norma es la base de la equidad tributaria. No se trata de autoritarismo, como algunos podrían interpretar, sino de la necesaria certidumbre jurídica para todos los contribuyentes.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, aportó la transparencia que antes solía faltar en estos casos. Al detallar que los adeudos involucran a cuatro empresas y se extienden a lo largo de nueve ejercicios fiscales (entre 2008 y 2013), se pone sobre la mesa la complejidad y antigüedad de estos litigios. Mi experiencia me dice que cuando un caso fiscal se arrastra por tanto tiempo, suele haber interpretaciones muy encontradas sobre la ley, pero al final, la resolución judicial es la que debe prevalecer. Este episodio sienta un precedente crucial para el futuro de la política hacendaria en el país.
