Las redes sociales capturaron y amplificaron este martes un episodio de violencia física dentro del hemiciclo del Congreso de la Ciudad de México. Legisladoras de los partidos Acción Nacional, Movimiento Regeneración Nacional y el PRI se enzarzaron en un altercado durante una sesión plenaria, un hecho que trasciende el mero espectáculo y pone al descubierto las profundas tensiones en la política local.
El detonante fue técnico y de fondo. La discusión se centraba en una reserva de última hora presentada por la bancada de Morena para modificar el diseño del nuevo órgano que sustituirá al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. La modificación clave, y la que generó la ruptura, proponía eliminar la colegiación del organismo. Esto significa que, en lugar de un cuerpo colegiado con varios integrantes, se plantea una figura unipersonal al frente, una desviación sustancial de lo previamente acordado y aprobado en las comisiones legislativas correspondientes.
La diputada panista Daniela Álvarez tomó la tribuna para denunciar lo que calificó como una ruptura de un acuerdo político previo. Su intervención actuó como catalizador, transformando el desacuerdo técnico en una confrontación directa. El ambiente, ya cargado, derivó rápidamente en un intercambio de gritos y consignas que escaló a empujones, codazos y jalones de cabello. Entre las legisladoras involucradas, según se aprecia en los videos, estuvieron Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó infructuosamente recuperar el orden, una tarea imposible ante la efervescencia del momento.
La viralización inmediata del incidente generó una segunda capa de reacción en el espacio público digital. Figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego y el creador de contenido Chumel Torres intervinieron desde la plataforma X. Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas, reaccionó inicialmente con emojis que sugerían vergüenza, para luego publicar un mensaje irónico invitando a dejar de pelear por política y organizar “una carnita asada”, asignando roles festivos a cada fuerza política. Por su parte, Chumel Torres utilizó el término coloquial “verduleras” para referirse a las diputadas, equiparando la escena parlamentaria con una pelea de mercado, un comentario que, desde el humor ácido, refleja una percepción ciudadana de degradación en las formas del debate público.
Estas reacciones no son anecdóticas. Ilustran cómo los episodios de violencia dentro de los recintos legislativos dejan de ser un asunto interno para convertirse en un fenómeno de opinión pública, criticado y satirizado, lo que a su vez erosiona aún más la credibilidad institucional. El evento va más allá de una simple riña. Pone bajo el microscopio la dinámica de trabajo del Congreso capitalino, donde las negociaciones y los consensos previos parecen frágiles ante la imposición de mayorías o cambios de última hora en temas sensibles.
El fondo del conflicto, la reforma al sistema de transparencia, es en sí mismo un asunto de alta relevancia para la rendición de cuentas y el control del poder. La propuesta de un órgano unipersonal, frente al modelo colegiado, genera debates técnicos legítimos sobre independencia, contrapesos y eficacia. Sin embargo, la forma en que esta discusión se llevó al pleno, y la reacción que provocó, opaca por completo el análisis sustantivo. El mensaje que queda para la ciudadanía es el de una clase política incapaz de dirimir sus diferencias mediante el diálogo y el procedimiento, recurriendo en su lugar a la fuerza física, un reflejo amplificado de las divisiones profundas que caracterizan el actual escenario político mexicano. El impacto práctico es claro: la paralización del trabajo legislativo serio, la deslegitimación de la institución y la postergación de debates urgentes sobre la calidad de la democracia local.
