Samuel García viola su propia ley al reorganizar el Gabinete

En una jugada que ha generado controversia, el Gobernador Samuel García ha realizado nombramientos en las coordinaciones de su Gabinete que contravienen la legislación que él mismo impulsó durante su transición como mandatario electo. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, una de sus banderas reformistas, establece claramente que estas posiciones deben ser ocupadas exclusivamente por titulares de las Secretarías.

Recuerdo cuando, en mis años asesorando a gobiernos estatales, insistíamos en que las normas no son sugerencias: son el esqueleto de la credibilidad institucional. El Artículo 18 es categórico: los gabinetes deben integrarse por las Secretarías, mientras que el Artículo 19 especifica que su coordinación recae en uno de sus miembros titulares. Sin embargo, dos de los tres nombramientos del 11 de junio rompen este esquema.

Miguel Flores, cercano colaborador de García, ahora coordina el Gabinete de Buen Gobierno sin ocupar ningún cargo formal, tras dejar su curul como diputado local. Peor aún: Daniel Acosta, titular de Participación Ciudadana (perteneciente al mismo gabinete), fue designado coordinador del Gabinete de Igualdad, creando un conflicto de funciones. Solo Federico Rojas, secretario del Trabajo, cumple el requisito al coordinar el Gabinete de Riqueza Sostenible.

Un colega abogado con tres décadas de experiencia en derecho administrativo me lo resumió así: “Esto no es un tecnicismo, es un bypass a la ley. El Gobernador ejerció su facultad omitiendo el único requisito establecido”. La ironía es palpable: quien prometió transparencia ahora opera bajo la lógica de “hecha la ley, hecha la trampa”. En política, como aprendí tras años en el servicio público, los atajos suelen convertirse en boomerangs.