Samuel García y Morena acusados de manipular elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO.— Legisladores locales del PAN, PRI y PRD revelaron ayer un presunto operativo coordinado entre el gobierno de Samuel García y Movimiento Ciudadano (MC) para influir en la elección de ministros, magistrados y jueces afines a Morena. Según las acusaciones, el mandatario estatal estaría negociando impunidad a cambio de entregar Nuevo León a la Cuarta Transformación (4T).

Lorena de la Garza, diputada local del PRI, denunció que el llamado “operativo acordeón” busca posicionar candidatos cercanos a Morena y MC, en lo que calificó como un intento desesperado del gobernador por “salvar su pellejo” ante posibles sanciones por actos ilícitos. “El reparto de material propagandístico es grave, pero lo más alarmante es la desviación de recursos públicos para fines electorales”, afirmó, comparando el caso con el escándalo de las “broncofirmas” durante la administración de Jaime Rodríguez.

Testimonios recabados indican que, durante una reunión en la sede de MC, empleados estatales recibieron instructivos con los números de candidatos específicos a votar, todos vinculados a Morena o al partido local. Además, se les habría pedido reclutar a otras diez personas para replicar la estrategia el próximo 1 de junio.

Perla Villarreal, coordinadora del PRD, advirtió que estas acciones configuran delitos electorales y evidencian una alianza innegable entre Morena y MC. “Samuel García busca jueces afines para blindarse ante futuras investigaciones, especialmente cuando pierda su fuero en 2027”, declaró, exigiendo la intervención de autoridades federales.

¿Qué hay detrás de esta colaboración repentina entre fuerzas políticas antes enfrentadas? Documentos filtrados y declaraciones de funcionarios anónimos sugieren que el acuerdo incluiría garantías de impunidad para el círculo cercano al gobernador. Mientras la oposición exige investigaciones inmediatas, este caso podría ser la punta del iceberg de un entramado más profundo entre el poder político y el judicial en Nuevo León.

La pregunta que queda en el aire: ¿Está el gobierno federal al tanto de estos manejos, o forma parte de una estrategia más amplia para controlar el Poder Judicial?