Transparencia en la era digital: sanciones ejemplares por manipulación de datos
En un movimiento que refuerza los nuevos estándares de gobernanza y rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha impuesto sanciones contundentes a cuatro proveedores por distorsionar información en procesos de contratación pública. Esta acción, más allá de las multas, implica su exclusión temporal del ecosistema de compras gubernamentales, marcando un precedente en la defensa del patrimonio colectivo.
Las entidades sancionadas son: Constructora Rusva, S.A. de C.V.; B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.; Eyasa, S. de R.L. de C.V.; y Mustache Software, S.A. de C.V.. Cada sanción fue calibrada con algoritmos de proporcionalidad, evaluando el impacto y la gravedad de cada irregularidad.
Constructora Rusva y B&G Construcción afrontan una penalización económica de 977,130 pesos y una inhabilitación de 18 meses. Los hechos se vincularon a contratos de la Comisión del Agua del Estado de México para modernizar infraestructura hídrica en Acambay y Tultepec, proyectos sensibles para la seguridad hidrológica de la región.
Por otro lado, Eyasa recibió una multa de 814,275 pesos y una exclusión de 15 meses. La compañía alteró datos en un proyecto clave para evaluar la viabilidad de sistemas de cosecha de agua pluvial y tecnologías de tratamiento en comunidades rurales, comprometiendo estudios base para soluciones de sustentabilidad.
En el ámbito de la transformación digital, Mustache Software fue sancionada por el Órgano Interno de Control de la Lotería Nacional con una multa de 155,610 pesos y tres meses de inhabilitación. La firma adulteró documentación en una licitación electrónica para el desarrollo de software y procesamiento de datos, un sector donde la veracidad es pilar fundamental.
Estas resoluciones, ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación e inscritas en el registro público de proveedores sancionados, bloquean automáticamente su participación en nuevas adquisiciones públicas. El mensaje es claro: en la nueva economía de la transparencia, la desinformación tiene un costo alto y un impacto reputacional inmediato.
La dependencia reafirmó que, si bien las empresas conservan el derecho a recurrir las decisiones, defenderá con firmeza cada sanción. El objetivo final es blindar la integridad de los procesos de adquisición, utilizando la data y la ley como herramientas para construir un entorno público confiable y resistente a la corrupción.
