La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción de los expedientes legislativos provenientes de la Cámara de Diputados. Los documentos, que contienen las minutas de la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal Federal, fueron inmediatamente remitidos a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos I para su escrutinio parlamentario.
Foto: El Universal.
¿Qué se esconde detrás de estos ajustes normativos? Nuestra investigación revela que la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2026 establece modificaciones sustanciales en las cuotas por servicios públicos. En materia migratoria, se implementa una estructura tarifaria diferenciada: visitantes sin permiso laboral enfrentarán un incremento del 14.2%, mientras que residentes temporales y permanentes verán aumentos del 100%. Solo ciertos casos específicos como unidades familiares, ofertas de empleo nacional e invitaciones culturales recibirán descuentos del 50%.
El sector de telecomunicaciones experimenta reajustes en los derechos por uso del espectro radioeléctrico. Las autoridades argumentan que estos cambios buscan ampliar la cobertura y mejorar el acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, pero ¿estos incrementos realmente se traducirán en mejoras tangibles para los usuarios?
Nuestra indagación descubrió que los ajustes se extienden a sectores sanitarios, servicios aeronáuticos y controles fitosanitarios y zoosanitarios. Más preocupante resulta la implementación de nuevos gravámenes: autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, emisión de formatos de autorización para salida de menores al extranjero, y la ampliación del cobro por servicios migratorios extraordinarios a todos los vuelos no regulares.
La revelación más significativa emerge del análisis del Código Fiscal Federal. La adición del artículo 30-B representa un cambio paradigmático: obliga a las plataformas digitales que operan en México a permitir a las autoridades fiscales acceso permanente, en línea y en tiempo real a su información operativa. Esta medida afectará servicios de streaming, comercio electrónico y aplicaciones de transporte, entre otras.
Las consecuencias por incumplimiento son drásticas: las plataformas digitales enfrentarán bloqueos temporales de sus servicios en territorio nacional. ¿Hasta qué punto este monitoreo constante equilibra la necesaria recaudación fiscal con la protección de datos personales y comerciales?
Documentos internos consultados por nuestro equipo sugieren que estas modificaciones responden a una estrategia integral para incrementar la recaudación, pero plantean serias interrogantes sobre los límites de la vigilancia fiscal en la era digital. La verdadera pregunta que los legisladores deben responder es si estas medidas constituyen un avance hacia la justicia fiscal o representan una intromisión sin precedentes en la operación de empresas digitales.
