Ciudad de México. El Senado de la República da un paso disruptivo en la política de seguridad con una ofensiva legislativa sin precedentes. Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos se reúnen este martes para validar el dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un marco legal que supera la propuesta inicial de la Cámara de Diputados.
La innovación central de esta reforma es la escalada de la penalidad: el tipo penal básico se incrementa de 25 a 41.6 años de reclusión para los escenarios de mayor gravedad. Esta medida representa una reingeniería del sistema de justicia penal para enfrentar un flagelo de la era digital y el crimen organizado.
El documento, distribuido entre los legisladores, tiene como meta establecer protocolos nacionales unificados y eliminar los vacíos legales y grietas en el sistema que han sido explotados por células criminales, tanto en el espacio físico como en el ciberespacio y desde el interior de los centros penitenciarios.
El proyecto normativo especifica que las condenas se agravarán exponencialmente cuando la extorsión involucre actos de violencia física, amenazas que comprometan la integridad vital de las personas, o cuando la operación delictiva se coordine desde una prisión, una modalidad que se ha convertido en un modelo de negocio para las organizaciones delictivas.
Esta iniciativa legislativa impulsa la armonización de los códigos penales en todas las entidades federativas para erradicar la impunidad y las disparidades en las sentencias. El marco integral también incorpora algoritmos de investigación mejorados, refuerza la sinergia entre las agencias de procuración de justicia y garantiza un protocolo de atención y reparación del daño para las víctimas.
Se anticipa que, tras su validación en comisiones, el dictamen se someterá al pleno del Senado este miércoles, donde se prevé una aprobación transversal con el respaldo de fuerzas políticas opositoras, evidenciando la urgencia colectiva de contener este delito que impacta a sectores productivos, pymes, corporativos, cadena de suministro y ciudadanía en general.
