La Comisión Anticorrupción y de Transparencia del Senado exige una investigación exhaustiva ante las presuntas irregularidades y los procesos de adjudicación directa de contratos por parte del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE). Estas prácticas, que apuntan a un posible favoritismo empresarial, podrían constituir actos de opacidad y corrupción.
El presidente de la comisión, Francisco Daniel Barreda Pavón, fue contundente: Se tiene que investigar y se va a investigar. Las adjudicaciones directas no pueden ser posibles, deben publicarse en el portal. Esa opacidad genera corrupción, por lo cual hay que investigar a quienes se les están dando estas licitaciones
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El STE, organismo responsable de la operación de los trolebuses y el Tren Ligero, enfrenta una denuncia formal (folio SIDEC2510183DENC) presentada ante el Gobierno de la Ciudad de México. Empresarios acusan una serie de desviaciones en la gestión de Martín López Delgado, incluyendo un supuesto trato preferencial hacia la empresa Trolley and Bus Electric México, S.A. de C.V., tanto en la adquisición de refacciones como en la concesión de contratos para subestaciones eléctricas.
De acuerdo con la acusación, enviada a la Contraloría Interna del STE, en 2024 el organismo habría otorgado de manera directa el contrato STE-DEAF-GRMA-041-A-2024 a Trolley and Bus Electric México por un monto de 100 millones de pesos para la compra de refacciones de trolebuses.
El procedimiento de compra –señala la denuncia– omitió un análisis de mercado riguroso que permitiera comparar costos con otros proveedores, lo que resultó en una adquisición con sobreprecios de hasta cuatro veces por encima de los valores al menudeo.
La empresa justificó la adjudicación argumentando contar con una exclusividad otorgada por Yutong de México, S.A. de C.V., el fabricante de las unidades.
No obstante, la propia Yutong de México desmintió haber concedido dicha exclusividad, lo que cuestiona la transparencia de todo el proceso.
Compromiso de investigar actos de corrupción
El secretario de la comisión, Pablo Angulo Briseño, afirmó que es imperativo investigar todo presunto caso de corrupción y recalcó la disposición del órgano para atender estas denuncias, con el fin de garantizar que los recursos públicos se ejerzan con la máxima eficiencia.
El senador priista aseguró que no se puede normalizar ni permitir actos de corrupción donde el recurso destinado a servicios públicos se desvíe para beneficiar a unos cuantos funcionarios.
Angulo Briseño criticó la práctica cada vez más recurrente en la actual administración de las adjudicaciones directas, ya que este mecanismo se presta a la opacidad y la corrupción, al favorecer con frecuencia a intereses particulares.
