Después de casi 12 años de proceso judicial, Filiberto Hernández Martínez, conocido como “El Monstruo de Tamuín”, fue sentenciado a 175 años y 4 meses de prisión por los delitos de feminicidio y feminicidio agravado.
La condena fue dictada el 25 de febrero en los juzgados ubicados en el sur de Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde la jueza Rosa Elena Blanco Ríos dio lectura a la resolución ante familiares de las víctimas.
Hernández Martínez, de 56 años, fue detenido en julio de 2014 en el municipio de Tamuín, tras ser identificado a partir de las investigaciones realizadas por familiares de una de las víctimas. Desde entonces permanecía recluido en el penal federal de Gómez Palacio, Durango.
Aunque en su momento confesó los crímenes y proporcionó información sobre la ubicación de algunos restos, durante el proceso judicial sus defensores interpusieron diversos amparos y recursos legales que prolongaron el caso por casi una década. En la última audiencia, celebrada el 4 de febrero, el sentenciado negó nuevamente los hechos y, según familiares, intentó intimidarlos durante su comparecencia vía remota.
Las víctimas
Entre 2010 y 2014, al menos cinco niñas y adolescentes fueron asesinadas en Tamuín, San Luis Potosí:
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Dulce Jimena Reyes Rodríguez, de 9 años, desaparecida el 11 de abril de 2014.
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Elieohenai, desaparecida el 6 de mayo de 2014.
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Adriana Martínez Campuzano, de 13 años, cuyos restos fueron encontrados en 2011.
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Itzel Romany Castillo, de 12 años, desaparecida el 24 de enero de 2013.
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Rosa María Sánchez González, de 15 años, desaparecida el 29 de octubre de 2010.
Los restos de varias de ellas fueron localizados enterrados en sembradíos de caña. En aquel periodo, las desapariciones fueron atribuidas inicialmente al crimen organizado y a redes de trata de personas.
De acuerdo con las autoridades judiciales, la sentencia corresponde a tres de los cinco casos, mientras que los procesos relacionados con Adriana y Rosa María continúan en curso.
Perfil del sentenciado
Originario de Ébano, San Luis Potosí, Hernández Martínez se desempeñaba como catequista y daba clases de karate cuando ocurrieron los últimos asesinatos. También fue integrante del Ejército Mexicano y residió en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la etapa más crítica de feminicidios en esa ciudad fronteriza.
Tras años de espera y recursos legales, la sentencia representa un paso significativo para las familias de las víctimas, quienes durante más de una década vivieron con la incertidumbre sobre el desenlace del proceso judicial.
