En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el grave incidente de la explosión de un vehículo blindado en el municipio de Coahuayana, ubicado en el estado de Michoacán. Con la serenidad que dan los años de enfrentar crisis de seguridad, la mandataria descartó de plano que el acto representara una agresión directa contra las instituciones del Estado. En su lugar, enfatizó que el evento es un reflejo de la compleja y violenta “situación” que impera en esa entidad, una forma de referirse a la disputa territorial entre cárteles que, como he visto a lo largo de mi carrera, suele ser el detonante de este tipo de hechos.
Esta perspectiva fue respaldada y ampliada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuya experiencia operativa en el campo es vasta. Harfuch fue categórico al señalar que la explosión fue producto de una confrontación entre organizaciones criminales rivales que operan en la zona. Esta lectura, que va más allá del hecho aislado para ubicarlo en el contexto de una guerra entre bandas, es crucial. La lección aprendida una y otra vez es que subestimar estas dinámicas internas del crimen organizado lleva a diagnósticos erróneos y, por ende, a respuestas ineficaces.
El contexto político y la clarificación del objetivo
Las declaraciones de la presidenta surgieron como respuesta a interrogantes sobre si el ataque, ocurrido en una fecha simbólica como el séptimo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación, podía interpretarse como un desafío al gobierno federal. Sheinbaum, con la firmeza que caracteriza a quien ha tomado decisiones difíciles, lo negó rotundamente: “No, es la situación de los grupos delictivos que hay ahí”. Esta distinción no es un mero ejercicio semántico; en la práctica, definir correctamente la naturaleza de una amenaza—si es un ataque al Estado o una colisión entre actores ilegales—determina toda la estrategia de inteligencia y despliegue de fuerzas. He sido testigo de cómo confusiones en este punto han derivado en un gasto innecesario de recursos y en una pérdida de foco en el verdadero problema.
Las acciones tras el episodio y la lectura del terreno
El secretario García Harfuch profundizó en el análisis, indicando que, según la información recabada por las agencias de inteligencia, el blanco no era la policía comunitaria presente en la región. En su lugar, todo apunta a que se trató de un episodio más dentro del sangriento conflicto entre facciones delictivas que buscan el control de plazas y rutas. Esta precisión es vital. Desde mi experiencia, cuando un evento de alta violencia no está dirigido contra las autoridades, sino que es intra-criminal, la respuesta del Estado debe ser igualmente contundente, pero tácticamente diferente: se convierte en una ventana de oportunidad para desarticular redes aprovechando sus momentos de mayor vulnerabilidad y conflicto interno, en lugar de simplemente reaccionar de manera defensiva.
