Sheinbaum defiende el traslado de reos a EU como decisión soberana de seguridad nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el traslado de 26 reclusos a Estados Unidos, entre ellos figuras clave del crimen organizado como Servando Gómez ‘La Tuta’, fue una medida basada en evaluaciones técnicas de seguridad nacional y no en solicitudes externas. Durante su conferencia matutina del 13 de agosto, la mandataria subrayó que estas acciones forman parte de estrategias autónomas para proteger la estabilidad del país, respaldadas por análisis del Sistema Nacional de Inteligencia y el Consejo Nacional de Seguridad.

Sheinbaum aclaró que la decisión no está vinculada al acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos, sino que obedece a criterios internos derivados de investigaciones exhaustivas. “Son resoluciones soberanas que priorizan la integridad de México”, afirmó. Entre los trasladados destacan Juan Carlos Félix Gastelum, vinculado al cártel de Sinaloa, y Abdul Karim Conteh, líder de una red transnacional de tráfico de migrantes.

El operativo, ejecutado desde diversos penales mexicanos, refleja un enfoque técnico en la gestión de riesgos asociados a perfiles criminales de alto impacto. Expertos en seguridad señalan que este tipo de medidas pueden alterar dinámicas delictivas, aunque requieren mecanismos de seguimiento para evitar vacíos operativos. La selección de los reos se basó en su historial delictivo, capacidad de influencia en estructuras criminales y potencial amenaza a la seguridad pública.

El traslado de reos con perfiles internacionales no es un hecho aislado; forma parte de una estrategia coordinada entre agencias de ambos países. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que la iniciativa partió exclusivamente de autoridades mexicanas. Este caso revive debates sobre los protocolos de extradición y los criterios para definir cuándo un recluso representa un riesgo sistémico. Analistas coinciden en que la medida podría reconfigurar alianzas dentro del crimen organizado, aunque su efectividad dependerá de la continuidad en la cooperación judicial internacional.

La falta de detalles iniciales sobre las identidades de los extraditados generó especulaciones, pero fuentes oficiales confirmaron posteriormente la inclusión de objetivos prioritarios para ambas naciones. Este episodio refuerza la postura del gobierno mexicano de manejar su política penitenciaria con autonomía, incluso en escenarios de colaboración transfronteriza. La complejidad técnica detrás de estas decisiones implica equilibrar factores legales, diplomáticos y operativos, un desafío que seguirá bajo escrutinio en futuros casos similares.