¿Realmente los números oficiales reflejan la transformación profunda que se pregona? La presidenta Claudia Sheinbaum eligió la cuna del movimiento, Tabasco, para presentar su informe de rendición de cuentas. Las cifras, según su discurso, son contundentes: una reducción del 22% en la pobreza estatal y una inversión anual de 21,261 millones de pesos en programas sociales que benefician a más de 739 mil personas. Pero, ¿dónde está la evidencia documental que sustenta esta dramática disminución?
La narrativa oficial se sustenta en una larga lista de subsidios. Según el reporte gubernamental, en Tabasco operan trece programas distintos: desde pensiones para adultos mayores hasta apoyo a productores de cacao. Sin embargo, permanecen preguntas cruciales sin respuesta. ¿Cuál es el impacto real a largo plazo de estos subsidios? ¿Existen estudios independientes que verifiquen que estos recursos efectivamente generan movilidad social y no sólo dependencia?
La presidenta aseguró que su movimiento “está en el corazón del pueblo” durante su recorrido por estados del sureste.
Uno de los anuncios más significativos fue la futura construcción de la “Chocolatera del Bienestar”, una planta procesadora para el cacao local. La iniciativa busca que los productores reciban precios justos, pero surge la duda: ¿este modelo de intervención estatal en la comercialización garantizará sostenibilidad económica o creará una nueva estructura burocrática?
En el capítulo de obra pública, el gobierno federal enumera proyectos de infraestructura crítica: el Tren Interoceánico, la modernización del Puerto de Dos Bocas y obras de protección contra inundaciones. No obstante, la verdadera incógnita es el calendario real de ejecución y el costo final para el erario de estas megaconstrucciones.
La contraofensiva retórica
Frente a las críticas, Sheinbaum endureció su discurso en Campeche. Acusó directamente a “un empresario que no quiere pagar impuestos” y a “unos cuantos de otros partidos políticos” de inventar calumnias contra su gobierno. Esta retórica confrontacional plantea un interrogante fundamental: ¿construye puentes o profundiza la polarización?
Las cifras presentadas en Campeche, con 301 mil derechohabientes de programas sociales y una inversión de 9,200 millones de pesos, parecen impresionantes a primera vista. Pero la verdad periodística exige escrutinio: ¿cómo se selecciona a los beneficiarios? ¿Existen mecanismos transparentes de auditoría para evitar el clientelismo político?
El testimonio presidencial insiste en que “el pueblo sigue creyendo”, pero la realidad democrática se mide con instrumentos más precisos que la fe. Las próximas elecciones intermedias pondrán a prueba esta afirmación, revelando si la Cuarta Transformación ha echado raíces profundas o depende de la inercia de los programas de asistencia social.
La gira por el sureste deja más preguntas que respuestas. Mientras el gobierno exhibe montos de inversión y número de beneficiarios, la ciudadanía crítica espera ver los resultados en indicadores de desarrollo humano, crecimiento económico sostenible y reducción real de las desigualdades estructurales. La transformación, más allá del eslogan, sigue en el banquillo de la historia.
