La mañana de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum trazó una línea clara. Una línea que separa lo obligatorio de lo voluntario en un tema espinoso: la revocación de mandato.
Para los gobernadores, como Salomón Jara en Oaxaca, la decisión es personal. > “Es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara, decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos”, afirmó la presidenta.
Pero el panorama cambia radicalmente cuando se habla del máximo cargo. > “En el caso de la Presidencia, ahí sí está en la Constitución”, sentenció Sheinbaum Pardo.
Aquí surge la pregunta incómoda que todo periodista investigativo se haría: ¿por qué un doble rasero? ¿Por qué para unos es una opción y para otros una obligación constitucional?
La narrativa oficial presenta esto como una simple aclaración jurídica. Sin embargo, al conectar los puntos, emerge un patrón más complejo. Un patrón donde el control político y los tiempos electorales podrían pesar más que los principios democráticos abstractos.
Jara se somete voluntariamente al escrutinio ciudadano mientras otros gobernadores observan desde la distancia. Mientras tanto, en la cúspide del poder, las reglas están escritas en piedra.
La revelación final no está en lo dicho, sino en lo omitido. Sheinbaum no explicó por qué esta diferencia existe. No detalló el proceso que llevó a establecer estos criterios dispares. Esa ausencia de explicación es, quizás, la información más reveladora de todas.
