En un giro que expone las grietas del sistema judicial mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum alzó la voz contra la controvertida liberación de Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, señalado como cerebro logístico en el tráfico transnacional de fentanilo para los cárteles más peligrosos del continente.
“¿Cómo explicar que un juez ignore las pruebas de la Fiscalía y libere a un eslabón clave del narcotráfico global?”, cuestionó la mandataria, revelando un patrón preocupante: mientras México libra una guerra contra las drogas, ciertas decisiones judiciales parecen sabotearla desde dentro.
Este caso paradigmático revela una dolorosa paradoja: Zhang, acusado de mover toneladas de cocaína, metanfetamina y el letal fentanilo hacia EE.UU., disfrutaba de prisión domiciliaria cuando escapó, burlando no solo a las autoridades mexicanas sino también a las agencias antidrogas estadounidenses que lo reclaman.
La fuga ocurrida el 11 de julio no es solo un incidente policial: es un síntoma de un sistema judicial que necesita reinvención urgente. Sheinbaum lo señaló sin ambages: “Cuando la corrupción judicial protege a narcotraficantes, todos perdemos”.
Detenido originalmente en octubre pasado en un operativo multinstitucional en Santa Fe, Zhang personifica los nuevos desafíos del crimen organizado: líderes transnacionales que operan en la sombra, aprovechando vacíos legales y conexiones globales.
Con cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de drogas en dos distritos federales estadounidenses, su caso se ha convertido en prueba fuego para la cooperación internacional contra el narcotráfico.
Mientras el Gabinete de Seguridad prepara nuevos detalles, una pregunta queda flotando: ¿Están nuestros sistemas legales preparados para la sofisticación del crimen organizado del siglo XXI, o necesitamos un nuevo paradigma de justicia?
