Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica

Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica

Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica

Esthela Damián Peralta, nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

CIUDAD DE MÉXICO. En un movimiento clave para la arquitectura legal de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha nombrado a Esthela Damián Peralta como la nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Esta decisión marca un reajuste estratégico en el núcleo de asesoría legal de la administración, alineándose con una visión de gobernanza ágil y especializada.

Una transición desde la primera línea de la seguridad

Hasta este miércoles, Esthela Damián ocupaba el cargo de subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su trayectoria en este frente crítico la dota de una perspectiva única, fusionando la experiencia operativa en seguridad pública con los requerimientos del marco normativo federal.

Reconfiguración del gabinete: enfoque en la acción legal

Este nombramiento se enmarca en una dinámica de reestructuración dentro del equipo de la presidenta Sheinbaum. El objetivo es claro: robustecer las capacidades legales y la asesoría jurídica de alto nivel para impulsar la agenda de transformación. Se prioriza un perfil que comprenda no solo la letra de la ley, sino también su aplicación en contextos sociales complejos.

Perfil y trayectoria: de la prevención a la asesoría estratégica

Esthela Damián Peralta se ha destacado por su labor en la prevención de las violencias, un área prioritaria para la administración actual. Este bagaje la posiciona como una figura con conocimiento de causa, capaz de traducir las políticas públicas en instrumentos jurídicos sólidos y efectivos para la nueva gobernanza.

Repercusiones en la política de seguridad nacional

El cambio al frente de la Consejería Jurídica no es un hecho aislado. Su influencia podría extenderse a la redefinición de las políticas de seguridad y protección ciudadana, asegurando que las iniciativas en este sector cuenten con un respaldo legal robusto y visionario. Es un paso que refleja la interconexión entre la justicia, la seguridad y la estrategia de gobierno en la era actual.

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