Un proceso que debe seguir su curso, con rigor y sin atajos
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la tragedia del Tren Interoceánico, que cobró la vida de 13 personas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara: el camino a seguir está demarcado por la técnica y la ley. En mi experiencia, he visto cómo la presión pública puede nublar procesos; aquí, la mandataria enfatiza que, una vez emitido el dictamen técnico de la Fiscalía General de la República (FGR), se procederá al inevitable deslinde de responsabilidades. Esto puede incluir, si la evidencia lo dicta, citar a declarar a exfuncionarios y supervisores honoríficos. No es cuestión de voluntad política, sino de seguir el hilo de la investigación forense hasta su última consecuencia.
La investigación: Un terreno donde las suposiciones no tienen cabida
Se ha señalado que figuras como Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente, fueron supervisores honorarios del proyecto. Al preguntarle a Sheinbaum sobre la necesidad de llamarlos a declarar, su respuesta refleja una lección aprendida en administraciones pasadas: todo depende de los resultados periciales. “A partir de ese dictamen técnico de qué ocasionó el accidente, pues el deslinde de responsabilidad, y ahí tendrán que, si es el caso, llamar a quien decidan llamar a dar su testimonio”, explicó. Es crucial entender que una investigación sólida se construye sobre hechos, no sobre nombres o titulares.
Respecto a las observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que alertaban sobre deficiencias, la presidenta indicó que la FGR opera con protocolos internacionales. Los peritajes los realizan expertos especializados, ya sea personal interno o externo. Aquí aplica un principio que he visto validarse una y otra vez: los hallazgos de auditorías pueden servir como antecedentes valiosos, pero la determinación de culpabilidad en un evento específico requiere una prueba técnica directa y contundente.
Dos vías de análisis y la sombra de la certificación
Sheinbaum detalló que, paralelamente a la indagatoria de la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizará su propia investigación bajo estándares globales. Esta duplicidad, lejos de ser redundante, es un signo de robustez. Si se detectan irregularidades, se revisarán los antecedentes. “Si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, entonces se irían a los antecedentes, pero ya sería la Fiscalía quien determine si se encuentran responsabilidades y cuáles son”, subrayó. El Poder Ejecutivo, acotó, no debe inmiscuirse en decisiones técnicas; su rol es garantizar que el proceso sea íntegro.
Quizás el punto más crítico, desde la perspectiva de la seguridad operativa, es la insistencia en una certificación internacional externa antes de reanudar el servicio de pasajeros. “Una vez que se haga el dictamen, debe venir una certificación externa para garantizar que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento”, afirmó. Esto no es burocracia; es una salvaguarda. He sido testigo de cómo saltarse este paso, en aras de la rapidez, ha tenido consecuencias desastrosas en otros contextos.
La ruta hacia la reapertura: coordinación y paciencia
La presidenta informó que la Secretaría de Marina, operadora del Corredor Interoceánico, ya trabaja con la agencia reguladora para contratar a una entidad certificadora internacional. Su labor será evaluar minuciosamente las condiciones de la vía, especialmente en zonas de curvas, y emitir recomendaciones para reforzar la seguridad. Sobre el estatus legal del conductor del tren accidentado, Sheinbaum remitió nuevamente a la FGR. Finalmente, aunque no hay fechas definitivas para la conclusión de los peritajes, confió en que los resultados lleguen en un plazo razonable. La paciencia, aunque difícil para los afectados, es la compañera indispensable de la justicia y la seguridad verdadera.
