La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló una situación jurídica de alto nivel que involucra al magnate Ricardo Salinas Pliego, acusándolo de haber incurrido en un acto de defraudación ante la justicia estadounidense. Este señalamiento surge después de que la Corte Suprema del estado de Nueva York lo declarara en desacato por la transacción de la empresa de telecomunicaciones Iusacell a AT&T, operación en la que se omitió informar sobre las obligaciones tributarias que gravaban a la compañía.
Sheinbaum, durante su conferencia matutina, explicó que el litigio se desarrolla en un tribunal neoyorquino y se origina por la comercialización de la operadora. “Resulta que la vendió con deudas al fisco en su momento. La denuncia está interpuesta por el comprador en Estados Unidos; es una garantía económica que debe pagar para evitar su detención”, precisó la mandataria.
Desde Palacio Nacional, la Jefa de Gobierno federal detalló que el conflicto legal estalló por una estafa perpetrada por Salinas Pliego al ocultar información crucial sobre la salud fiscal de la corporación. “Es una conducta fraudulenta, es decir, vendió sin revelar todas las condiciones del negocio. Hay que cumplir con las obligaciones, no solo con el fisco, sino con todos los acreedores”, subrayó.
Estas declaraciones se produjeron tras conocerse que el empresario desembolsó una fianza de 25 millones de dólares -equivalente a aproximadamente 500 millones de pesos- para eludir un arresto en Nueva York. La Jueza Andrea Masley le había ordenado indemnizar a AT&T con 20 millones de dólares en un plazo perentorio de catorce días, bajo la amenaza de ser recluido en la prisión de Rikers Island si incumplía.
La trama se remonta a 2014, cuando AT&T adquirió Iusacell. La firma estadounidense interpuso una demanda legal en 2020, alegando que la compañía mexicana arrastraba pasivos impositivos de la era bajo el control de Grupo Salinas. Tras ganar el caso y enfrentar la falta de pago, la jueza Masley declaró en desacato tanto a Salinas Pliego como a Francisco Borrego, asesor general del conglomerado.
A pesar de que Grupo Salinas cubrió la garantía judicial, mantiene vigente un recurso de apelación contra el fallo. El consorcio simultáneamente enfrenta fuertes presiones en México, donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le reclama la cifra monumental de 74 mil millones de pesos a través de 32 controversias fiscales. Además, debe resolver reclamos de tenedores de bonos de TV Azteca que aún aguardan el pago de su deuda.
Frente a la solicitud de comentarios, Grupo Salinas optó por el silencio. No obstante, la semana anterior había manifestado su disposición al diálogo con los acreedores para reestructurar sus compromisos financieros.
