La administración federal de México ha presentado una estrategia integral para combatir el abuso sexual, con el objetivo fundamental de agilizar los procesos de denuncia, mejorar la atención a las víctimas y promover un cambio cultural profundo. Este anuncio se produce en un contexto donde este delito no está homologado en los códigos penales de las 32 entidades federativas, y días después de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum sufriera un episodio de acoso durante un recorrido público en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Durante la presentación del plan desde Palacio Nacional, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, transmitió un mensaje directo a la población femenina del país. “Queremos decirle a todas las mujeres mexicanas, niñas, jóvenes, mujeres en general que no están solas, que cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo y que sepan que hoy hay una presidenta que les cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello”, enfatizó la funcionaria.
Este mensaje busca generar confianza institucional en un sistema que históricamente ha presentado grandes barreras para las víctimas. El incidente ocurrido el martes, donde un individuo identificado como Uriel Rivera Martínez acosó y tocó sin consentimiento a la presidenta Sheinbaum, subraya la urgencia y relevancia de esta iniciativa. El agresor fue arrestado horas después y puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la capital, un desenlace que contrasta con la impunidad que suele rodear estos casos. Este evento actuó como catalizador inmediato para la presentación de una estrategia que, según se ha informado, ya se encontraba en desarrollo.
Uno de los pilares centrales de la estrategia es la unificación legal. El Gobierno busca que el abuso sexual sea considerado delito grave en toda la República, con criterios y sanciones homologadas. Según el diagnóstico oficial, la situación actual es fragmentada y desigual: diecinueve estados cuentan con criterios amplios y agravantes, nueve lo tipifican con definiciones limitadas, y cuatro no lo definen claramente en sus códigos penales.
“Lo que nos ha instruido la presidenta es buscar que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República para que la sanción sea contundente y las mujeres sepan que pueden denunciar”, explicó Hernández. El Código Penal Federal actualmente establece penas de seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa por el delito de abuso sexual, con agravantes cuando media violencia física o cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.
La secretaria subrayó que el objetivo central es fortalecer toda la respuesta institucional, particularmente en la atención y procuración de justicia, para que las mujeres se sientan más seguras y denuncien de manera más ágil. Entre las acciones concretas destacan mecanismos diseñados específicamente para reducir los tiempos de denuncia y mejorar la calidad de la atención inicial, un momento crítico donde muchas víctimas se enfrentan a la revictimización.
El plan también incluye campañas nacionales de comunicación para ayudar a identificar las distintas formas de violencia, impulsar la cultura de la denuncia y sensibilizar a los hombres sobre conductas normalizadas que constituyen agresiones. “Muchas veces las violencias que vivimos las normalizamos o no sabemos que son un delito”, reconoció la secretaria. La capacitación del personal judicial y ministerial representa otro eje crucial.
El Gobierno reforzará la línea de atención 079 y formará a ministerios públicos, agentes de fiscalías y jueces para que actúen con una perspectiva de género adecuada. “El mayor reto es que las autoridades actúen con sensibilidad cuando una mujer acude ante ellas”, admitió Hernández, reconociendo una de las fallas más recurrentes en el sistema. Asimismo, se extenderá esta capacitación a conductores y personal del transporte público, un espacio donde ocurre un alto porcentaje de agresiones sexuales.
La presentación de avances de este plan está programada para el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha en la que también se lanzará oficialmente la campaña nacional. La secretaria hizo un llamado explícito a los hombres para revisar aquellos comportamientos socialmente normalizados que, en realidad, constituyen violencia. Se refirió a “todas esas conductas, actitudes, acciones que se han normalizado y que en realidad son parte de expresiones machistas o que incomodan o que violentan a una mujer”. Esta aproximación integral, que combina el fortalecimiento jurídico, la agilización administrativa y un ambicioso componente de cambio cultural, aspira a generar un entorno donde la justicia para las mujeres sea más accesible y la impunidad deje de ser la norma.
