Sheinbaum Revela una Investigación sobre un Grupo Provocador en las Protestas por el Asesinato de un Edil
CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Qué sucedió realmente dentro del Palacio de Gobierno de Morelia durante las protestas por el magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha arrojado una primera pieza clave para este rompecabezas de violencia política: la existencia de un grupo “muy provocador” que penetró la sede del poder estatal, un hecho que ya es objeto de una pesquisa formal.
Desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, la mandataria federal reconoció, durante su conferencia matutina de este lunes 3 de noviembre, la legitimidad de las manifestaciones pacíficas que surgieron ante el brutal homicidio. Sin embargo, su narrativa introdujo un elemento de perturbadora complejidad. ¿Fue solo duelo ciudadano o se infiltró una operación deliberada para escalar el conflicto?
“La información que manejamos sobre los sucesos de ayer en Morelia indica una clara dualidad”, expuso Sheinbaum, delineando los dos rostros de la protesta. “Por un lado, una expresión social legítima y, posteriormente, la irrupción de un contingente con una agenda de provocación que accedió al interior del Palacio. La Fiscalía General y el gobierno de Michoacán ya realizan la investigación correspondiente”.
La Jefa del Ejecutivo profundizó en esta línea de investigación, trazando una frontera clara entre el derecho a la protesta y los actos vandálicos. “Presenciamos a individuos encapuchados que ingresaron al recinto. Sería un error conceptual considerar que esos actos formaban parte de la manifestación ciudadana, que tiene todo el derecho a expresar su indignación y sus ideas. La provocación es un fenómeno distinto y debe ser señalada como tal”, afirmó con contundencia.
Las revelaciones no terminaron ahí. La persistente investigación periodística nos lleva a preguntar: ¿cuál es el nivel real de riesgo para las autoridades en la región? Sheinbaum abordó este flanco al mencionar que, “de ser necesario”, se reforzaría el dispositivo de seguridad del gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla. Además, desveló un protocolo menos conocido: la evaluación constante a la que son sometidas figuras de la oposición para determinar si requieren o no protección estatal. Una práctica que plantea más interrogantes sobre los criterios utilizados y la transparencia del proceso.
La conclusión que emerge de este entramado es una verdad incómoda: detrás de una tragedia política que convocó el dolor ciudadano, se desarrolló una coreografía de acciones que sugiere la manipulación de la indignación popular. La investigación oficial ahora tiene la tarea de develar no solo a los autores materiales de la provocación, sino también las intenciones ocultas y los intereses que buscaban capitalizar el caos.
