Reinventando la trinchera: Cuando la protección se convierte en ofensiva
Imagina un escudo que, en lugar de solo parar golpes, se transforma en una herramienta para desmantelar el mismo sistema de ataques. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no es una mera ampliación burocrática; es un giro copernicano en la defensa de la prensa libre. Al pedir a la Secretaría de Gobernación que el Mecanismo Federal de Protección extienda su brazo hasta los tribunales, no solo está reaccionando a la criminalización del oficio, está redefiniendo el campo de batalla por la libertad de prensa.
Del riesgo físico al riesgo legal: Conectando puntos invisibles
¿Qué tienen en común una amenaza de muerte y una acusación por terrorismo? Ambos son instrumentos de silencio. El caso del comunicador veracruzano Rafael León Segovia, bajo prisión domiciliaria, no es una anomalía; es la punta de lanza de una estrategia perversa que usa el sistema legal como arma. Sheinbaum, al conectar la protección física con la defensa jurídica, está aplicando pensamiento lateral: si el mecanismo protege de balas, ¿por qué no puede proteger de expedientes? Esta visión reconoce que en el siglo XXI, la cárcel más peligrosa puede estar hecha de artículos del código penal, no de barrotes.
La disrupción: Priorizar la expresión por encima del proceso
La declaración de la mandataria es revolucionaria en su simplicidad: “la libertad de expresión debe estar por encima de cualquier otra consideración“. Esto desafía la convención de que un proceso judicial es intocable. Propone un filtro de principio: si el trasfondo es el ejercicio del derecho a informar, el Estado debe inclinar la balanza a favor de la voz, no del procedimiento. No se trata de impunidad, sino de jerarquizar valores democráticos. ¿Y si todos los mecanismos de protección de derechos humanos adoptaran esta lógica ofensiva, anticipándose y contrarrestando las tácticas de hostigamiento legal?
Un nuevo paradigma: El periodista como sujeto de protección integral
Esta iniciativa sienta un precedente global. Transforma al comunicador acusado de ser un “sospechoso” a ser un “protegido” por el Estado en su rol esencial para la democracia. Es un cambio de chip: de ver el caso judicial como un problema individual a verlo como una amenaza sistémica contra la sociedad. La solicitud de que el mecanismo “se acerque” a los periodistas invierte la carga: la protección es activa, no pasiva; es una oferta de un Estado aliado, no un recurso que se mendiga.
El verdadero impacto disruptivo está en el mensaje subliminal: un gobierno que diseña herramientas para defender a sus críticos de los abusos del propio sistema judicial está, en esencia, fortaleciendo los cimientos de su propia legitimidad. No es solo proteger a una persona; es proteger la conversación pública de la que depende toda nación. Esta no es una política más; es un acto de innovación democrática que convierte un problema crónico en una oportunidad para reafirmar, de la manera más contundente, que sin prensa libre no hay futuro posible.
