Sheinbaum propone reforma para redefinir facultades del INEGI en pobreza

¿Qué implicaciones reales tiene la iniciativa presidencial que modifica las reglas del juego en la medición de pobreza? La Comisión Permanente del Congreso recibió este martes el polémico proyecto de Claudia Sheinbaum que redefine las atribuciones del INEGI en materia de evaluación social, pero ¿se trata de una mejora técnica o un reacomodo político?

Documentos obtenidos por nuestro equipo revelan que la propuesta no solo ajusta competencias entre instituciones, sino que establece un nuevo esquema de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Fuentes cercanas al proceso legislativo advierten que, tras la fachada de armonización legal, podrían esconderse tensiones por el control de los indicadores sociales.

“El INEGI mantendrá la medición oficial de pobreza, pero ahora bajo parámetros revisados anualmente por el Ejecutivo”, explica el texto. ¿Garantiza esto independencia estadística o abre la puerta a interpretaciones convenientes? Expertos consultados señalan que, si bien se preservan las series históricas, los cambios en la evaluación de políticas públicas podrían alterar su interpretación.

Lo más revelador: la iniciativa modifica tres leyes clave (General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental) para delimitar hasta dónde llega la injerencia del instituto autónomo y dónde comienza la de Hacienda. Un funcionario que pidió anonimato confesó: “Esto redefine quién mide el éxito real de los programas sociales”.

Mientras los legisladores analizan el proyecto, una pregunta queda flotando: ¿Estamos ante un perfeccionamiento metodológico o un rediseño institucional que concentrará el control de los datos sociales en el gobierno central? Las respuestas podrían cambiar cómo entendemos la pobreza en México.