La Presidenta Claudia Sheinbaum ha admitido, en una revelación que pone el foco en la compleja situación financiera del sector salud, que su administración mantiene adeudos pendientes con laboratorios y proveedores farmacéuticos, una deuda que se arrastra principalmente desde el año 2024. Pero, ¿qué hay detrás de este reconocimiento público? ¿Se trata de un simple trámite administrativo o es la punta de un iceberg que afecta al abasto de medicamentos?
Ante la prensa, la mandataria federal declaró: “Obviamente, si hay deudas, se pagan. No hay ningún problema para saldar las obligaciones. Se está realizando una auditoría exhaustiva y existen diálogos con todas las compañías para definir la estrategia de pago, particularmente de los compromisos del 2024, donde aún existen algunos pagos por ejecutar”. Sin embargo, esta afirmación genera más interrogantes: ¿Por qué se acumularon estos compromisos? ¿La revisión actual busca solo programar pagos o también detectar irregularidades en los procesos de adquisición anteriores?
En un giro que añade una capa de controversia, Sheinbaum fue enfática al aclarar que esta situación de cartera vencida no exime a los laboratorios proveedores de cumplir con sus compromisos contractuales actuales. Su postura plantea una pregunta incisiva: ¿Es ético o incluso legal que el Gobierno exija el cumplimiento de nuevos contratos cuando él mismo incumple sus obligaciones financieras previas? La propia Presidenta argumentó: “Cuando una empresa gana una licitación para la adquisición de una clave de medicamentos, se compromete a entregar el insumo, independientemente de una deuda histórica. De lo contrario, simplemente no participa en la contienda”.
Profundizando en la investigación, surge un dato crucial que explica parte de la vulnerabilidad del sistema: la Jefa del Ejecutivo explicó que una porción significativa del abasto nacional depende de la importación, ya que aproximadamente el 80 por ciento de los principios activos para fabricar fármacos provienen de India y China. Esta dependencia externa, ¿constituye un riesgo para la seguridad nacional en materia de salud? ¿Ha contribuido esta cadena de suministro globalizada a la acumulación de deudas?
Como una posible solución estructural, Sheinbaum adelantó un cambio estratégico en las futuras convocatorias de compra. Anunció que se otorgará una mayor puntuación a las corporaciones que posean plantas de producción en territorio nacional, incluso si no manufacturan directamente el medicamento requerido. El objetivo declarado es fortalecer el denominado Plan de Autosuficiencia Sanitaria “México”. No obstante, cabe cuestionar: ¿Será suficiente este incentivo para reconstruir una industria farmacéutica local que ha sido erosionada durante décadas?
Finalmente, la mandataria subrayó que en los procedimientos de adquisición ya no solo se evalúa el precio más bajo, sino que se analizan minuciosamente las condiciones de viabilidad y cumplimiento. Ilustró su punto con un ejemplo contundente: “Si un medicamento tiene un costo de referencia de 10 pesos y te lo ofertan en uno, dentro de la propia licitación, con el apoyo de la Secretaría Anticorrupción, se revisa que un peso es imposible de cumplir. Sobre esa base técnica se define al adjudicatario”. Esta declaración revela una nueva capa en la investigación: la lucha contra la corrupción y las ofertas desleales parece haberse convertido en un pilar central de la política de compras gubernamentales, un esfuerzo por sanear un sistema históricamente opaco.
La conclusión que emerge de este análisis es que el simple reconocimiento de una deuda es solo el primer paso de una investigación más profunda. La verdad oculta podría ser que el sistema de salud mexicano navega una tormenta perfecta: dependencia externa, tensiones financieras con proveedores y la urgente necesidad de reformular sus mecanismos de compra para garantizar tanto la transparencia como el abasto continuo de medicamentos vitales para la población.
