Sinaloa reforzará su policía estatal con entrenamiento militar y patrullas blindadas

¿Qué hay detrás del nuevo convenio entre el gobierno de Sinaloa y la Secretaría de la Defensa Nacional? Este lunes, durante la reunión del Gabinete de Seguridad Federal en Culiacán, el general Ricardo Trevilla Trejo y el gobernador Rubén Rocha Moya firmarán un acuerdo para reclutar y capacitar a 150 nuevos elementos de la Policía Estatal Preventiva en solo seis meses. Pero, ¿es este el verdadero alcance del plan?

Fuentes cercanas al proceso revelaron que la plataforma militar no solo emitirá la convocatoria, sino que también supervisará la selección y el entrenamiento de los aspirantes. ¿Estamos ante una militarización encubierta de la seguridad pública? Los requisitos, aún no divulgados en su totalidad, podrían incluir criterios que van más allá de lo estrictamente policial.

Documentos obtenidos por este medio detallan que, paralelamente, la Sedena lanzará una convocatoria para formar a 61 cadetes especializados en el manejo de las seis unidades blindadas recién adquiridas. ¿Por qué se necesitan vehículos de este calibre en Sinaloa? Las autoridades insisten en que es para “modernizar” la fuerza policial, pero expertos consultados señalan que podría responder a una escalada no declarada en la estrategia contra el crimen organizado.

El gobernador Rocha Moya confirmó que el gobierno federal entregará 100 patrullas equipadas, de las cuales 20 ya están en la entidad. Sin embargo, ¿qué garantías existen de que este equipo no terminará en manos de grupos corruptos? Un exagente de la PEP, que pidió anonimato, advirtió: “Sin auditorías externas, el riesgo de desvío es alto”.

La formación de este grupo especializado, reclutado directamente por el Ejército, plantea más interrogantes: ¿Serán estos nuevos policías leales al estado o a sus instructores castrenses? El curso, de seis meses, incluye adiestramiento táctico y mantenimiento de blindados, algo inusual en la formación policial tradicional.

Este reportaje revela que el convenio es solo la punta del iceberg de una reconfiguración más profunda en la seguridad de Sinaloa, donde las líneas entre lo civil y lo militar parecen difuminarse progresivamente.