Una lucha que se repite: cuando la austeridad choca con los derechos adquiridos
La imagen de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anunciando bloqueos viales y un emplazamiento a huelga me trae un dejà vu doloroso. He visto este guión demasiadas veces a lo largo de mi carrera en el ámbito laboral. No es solo la falta del aguinaldo para 1,603 personas; es el síntoma de un problema crónico de financiamiento que, año con año, pone a los derechos más básicos en la cuerda floja. La secretaria general del STAUAEM, Victoria Morelos Domínguez, tiene toda la razón al defender lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo. La lección que he aprendido es clara: cuando una institución normaliza el recurso a fondos “extraordinarios” para cumplir con lo ordinario, está construyendo su casa sobre arenas movedizas.
La declaración clave: entre la comprensión y el límite
Las palabras de Morelos Domínguez resumen una tensión constante: “Nuestro gremio se ha sumado al proyecto de austeridad… pero no podemos aceptar retrasos”. Ahí está la clave. He negociado en mesas donde la buena fe de los trabajadores, su disposición a apretarse el cinturón por el bien común, se toma como un cheque en blanco. La paciencia tiene un límite, y ese límite se llama dignidad. Llevar una década dependiendo de que el gobierno federal inyecte recursos para pagar prestaciones legales no es un modelo sostenible; es una bomba de tiempo. La solidaridad institucional no puede ser un camino de un solo sentido.
El emplazamiento: más que un trámite, un mensaje contundente
Presentar el emplazamiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no es un primer paso, es usualmente el último recurso después de agotar el diálogo. Buscar la liberación de 270 millones de pesos mediante esta presión muestra la desesperación de una plantilla que ve cómo se pospone una parte vital de su ingreso anual. En mi experiencia, estas medidas drásticas rara vez son el objetivo real; son el grito necesario para ser escuchados en un coro de demandas. Lo que está en juego trasciende el dinero: es la credibilidad de la institución como empleadora y la confianza de quienes la sostienen con su trabajo diario. La huelga no es el problema; es la consecuencia evitable de un problema financiero y de gestión que no se ha resuelto de fondo.
