La cifra oficial de víctimas mortales a consecuencia de las intensas precipitaciones e inundaciones que han azotado a cinco entidades del país se elevó a 78, según el informe más reciente del gobierno federal. A esta dolorosa estadística se suma la desaparición de 23 personas, cuyo paradero se desconoce, lo que mantiene en vilo a sus familias y a las brigadas de rescate.
Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio formal de la distribución de apoyos económicos por 20 mil pesos dirigidos a las familias que han perdido sus hogares o han visto sus viviendas seriamente dañadas. Los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí son los primeros en recibir esta ayuda directa. Para el estado de Hidalgo, el mecanismo de entrega está programado para iniciar el próximo domingo, un retraso logístico forzado por la imposibilidad de acceder por tierra a varias localidades que permanecen incomunicadas.
La mandataria subrayó la metodología empleada para esta distribución, diseñada para eliminar cualquier tipo de intermediación. “La labor se realiza sin intermediarios, no hay espacio para que alguien falsamente declare ser damnificado sin serlo; es un trabajo que requiere mucha dedicación y, al mismo tiempo, es muy expedito en la entrega de los recursos”, afirmó Sheinbaum Pardo durante la presentación del micrositio actualizado que detalla las afectaciones por las lluvias. Este enfoque busca garantizar que la ayuda llegue con la mayor celeridad y transparencia posible a quienes realmente la necesitan.
En un dato que aporta un tenue rayo de esperanza, la portavoz gubernamental explicó que, gracias a los intensos operativos de localización, algunas personas que figuraban en la lista de desaparecidas han sido encontradas con vida. Sin embargo, también confirmó la trágica circunstancia de que, entre los fallecidos, se encuentran dos personas que hasta el momento no han podido ser identificadas, un recordatorio de la dimensión humana de la tragedia.
El análisis de la situación sitúa a los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Hidalgo como los más golpeados por este fenómeno meteorológico. La localidad de Chahuatlán, en Veracruz, sirve como un ejemplo elocuente de la magnitud de la destrucción: más de la mitad de las viviendas del municipio resultaron afectadas tras el desbordamiento de un río, provocado por las lluvias torrenciales del pasado 10 de octubre. Este patrón de daños masivos en la infraestructura residencial se repite en numerosas comunidades de la región.
Los principales desafíos en la fase actual de atención se centran en las limitaciones de acceso físico. La persistente incapacidad para llegar por tierra a varias zonas de Hidalgo representa un obstáculo crítico que ha ralentizado no solo la entrega de apoyos económicos, sino también la provisión de insumos básicos como alimentos, agua y medicamentos. La magnitud de los daños en la infraestructura vial y de comunicaciones exige una supervisión y coordinación meticulosa con las autoridades estatales y municipales, una tarea prioritaria para asegurar que los recursos se desplieguen de manera eficaz y lleguen a la totalidad de la población damnificada.
Las autoridades han enfatizado que los mecanismos de vigilancia y verificación se mantendrán activos para prevenir cualquier intento de fraude o declaración falsa de damnificación. La estrategia de entregar los apoyos de forma directa, sin figuras intermediarias, no solo busca agilizar la ayuda en el corto plazo, sino también sentar un precedente de rendición de cuentas y manejo transparente de los recursos públicos en situaciones de desastre. La reconstrucción de las comunidades afectadas, un proceso que se vislumbra largo y complejo, dependerá en gran medida de la solidez y la confianza establecidas en esta fase inicial de respuesta.
