La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) ha decretado la suspensión provisional del médico Víctor Rosales Galindo, quien realizó la cirugía de aumento de busto a Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció días después del procedimiento.
La medida, de carácter cautelar, se adopta mientras el Comité de Ética de la asociación investiga a fondo los hechos para determinar la posible existencia de mala praxis. El caso ha sido turnado a este órgano interno para un análisis meticuloso que permita establecer responsabilidades profesionales.
La intervención quirúrgica se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre en la Clínica Santa María, ubicada en la ciudad de Durango. Ocho días después, el 20 de septiembre, Paloma Nicole perdió la vida como consecuencia de complicaciones severas de carácter respiratorio y neurológico.
El certificado de defunción, un documento oficial que detalla las causas del deceso, señala de manera específica el edema cerebral, la encefalopatía hipóxica y la bradicardia como los factores directos que condujeron al desenlace fatal.
Ante la aparición de cicatrices quirúrgicas e implantes mamarios en el cuerpo de su hija, el padre biológico de la menor tomó la decisión de solicitar una necropsia de ley. Este procedimiento forense tiene como objetivo determinar con la máxima precisión las circunstancias médicas y legales que rodearon la muerte.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado de Durango ha iniciado una investigación penal que no solo se centra en la actuación del médico, sino que también explora la posible complicidad de la madre de la adolescente y otros miembros del personal de la clínica.
La situación presenta una capa adicional de gravedad debido al intrincado conflicto familiar en el que se enmarca. El médico intervencionista, Víctor Rosales Galindo, es el padrastro de la joven fallecida. Según las denuncias presentadas, el procedimiento de cirugía estética se realizó sin el conocimiento ni el consentimiento del padre biológico de Paloma Nicole.
Esta omisión representa una irregularidad mayúscula desde el punto de vista legal y ético, ya que el consentimiento informado de ambos progenitores es un requisito fundamental en procedimientos electivos sobre menores de edad. Se ha informado que la madre de la menor no solo habría avalado la decisión de someter a su hija a la cirugía, sino que incluso estuvo presente durante la intervención. Este hecho ha llevado a las autoridades a considerar su posible participación como cómplice dentro de la investigación en curso.
La suspensión impuesta por la AMCPER es una medida administrativa interna cuyo principal propósito es evitar que la permanencia activa del médico dentro de la asociación pueda interferir en el proceso investigativo.
La sanción se mantendrá vigente hasta que el Comité de Ética emita una resolución formal y definitiva sobre la conducta profesional del doctor Rosales Galindo. Cabe destacar que la propia asociación se ha puesto a disposición de la Fiscalía de Durango para colaborar en la pesquisa, ofreciendo la realización de peritajes colegiados realizados por especialistas en la materia. Esta colaboración busca aportar un criterio técnico y especializado que contribuya a esclarecer los hechos de manera objetiva.
Es crucial comprender el alcance y las limitaciones de esta sanción profesional. La suspensión aplica exclusivamente dentro del ámbito de la AMCPER, una asociación civil. Esto significa que, mientras su cédula profesional se mantenga vigente y no medie una sanción de las autoridades sanitarias federales, el médico podría, en teoría, continuar ejerciendo la cirugía plástica.
La asociación carece de facultades para suspender la licencia médica oficial, una potestad que recae de manera exclusiva en las instancias gubernamentales correspondientes. La AMCPER ha reiterado su compromiso inquebrantable con los más altos estándares de la ética médica y ha condenado enfáticamente cualquier práctica que, de manera deliberada o por omisión, ponga en riesgo la integridad y la vida de los pacientes, con especial énfasis en la protección de los menores de edad.
La tragedia de Paloma Nicole ha conmocionado a la sociedad mexicana y ha reavivado con intensidad un debate necesario sobre los límites éticos de la cirugía estética en adolescentes. La presunta vulneración del protocolo de consentimiento informado y la participación de un familiar directo en la ejecución del procedimiento son aspectos que serán minuciosamente examinados.
Este caso lamentable podría actuar como un catalizador para impulsar cambios normativos sustanciales en la supervisión de las cirugías plásticas en México, con el objetivo de establecer controles más rigurosos, especialmente cuando los pacientes involucrados son menores de edad y, por tanto, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La sociedad espera que de esta investigación se derive no solo justicia, sino también la implementación de medidas que prevengan la repetición de hechos tan trágicos.
