Taxistas secuestrados son liberados tras protesta en autopista

En mis años cubriendo la seguridad en el centro del país, he visto cómo la desaparición de personas sigue un patrón recurrente que yesterday se repitió con los taxistas Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González. Tras ser privados de su libertad el viernes 22 de agosto camino a Acambay, su caso escaló rápidamente hasta generar un bloqueo de 10 horas en la estratégica Autopista México-Querétaro, una medida desesperada que, aprendí hace tiempo, suele ser la única que acelera respuestas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó lo que muchos esperábamos: ambos fueron presentados con vida. La tarde del martes, un grupo de personas los llevó al Centro de Justicia de Jilotepec, tal como había sido exigido en una escalofriante llamada recibida la noche anterior. Quien se identificó como miembro de un grupo criminal advirtió: “Ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”. Esta crudeza, lamentablemente, es el pan de cada día en zonas con presencia de células delictivas.

Desde mi experiencia, este modus operandi de liberación tras presión social no es nuevo. Ocurre cuando el costo político supera el beneficio para los captores. Afortunadamente, los taxistas solo presentaban lesiones menores y fueron atendidos por el médico legista antes de declarar ante el agente del Ministerio Público.

Este episodio deja en evidencia la compleja relación entre la ciudadanía, las autoridades y los grupos ilegales. La protesta de transportistas y familiares en la México-Querétaro, entre Jilotepec y Soyaniquilpan, fue un acto de desesperación, pero también una demostración de que la organización comunitaria a veces logra lo que las instituciones no pueden por sí solas. Sin embargo, el trasfondo sigue intacto: la zona norte del Estado de México requiere una estrategia integral de seguridad, no solo reacciones ante crisis.