Teocaltiche vive cuatro años de violencia sin control entre cárteles

Guadalajara, Jalisco.- Las promesas de pacificación en Teocaltiche suenan cada vez más huecas. El actual gobernador Pablo Lemus aseguró que en mes y medio calmaría la región, pero quienes llevamos años documentando este conflicto sabemos que ni su antecesor ni el gobierno federal han logrado contener la espiral de violencia que devora al municipio desde 2021.

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Recuerdo perfectamente el punto de quiebre: entre abril y mayo de ese año, los choques armados entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción local del Cártel de Sinaloa desataron el éxodo de casi 700 familias. Fue entonces cuando entendimos que estábamos ante una guerra territorial sin precedentes.

Los meses siguientes confirmaron nuestros peores temores. En noviembre, una emboscada a fuerzas del orden marcó un antes y después. Para diciembre, siete bajas delincuenciales en un solo enfrentamiento demostraron la escalada. He cubierto conflictos en todo el país, pero la crudeza de estos eventos sigue estremeciéndonos incluso a los reporteros más experimentados.

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El 2022 trajo tácticas de terror psicológico: cientos de panfletos del CJNG lanzados desde avionetas sobre Teocaltiche y Villa Hidalgo. En mayo, tres guardias nacionales cayeron en una emboscada que reveló la sofisticación del crimen organizado. Los narcobloqueos se volvieron rutina, paralizando toda la región de Los Altos.

El entonces gobernador Enrique Alfaro, quien inicialmente minimizó la crisis, terminó admitiendo ante mis colegas que era el desafío de seguridad más complejo de su administración. Lo vi en sus ojos: era la frustración de quien había subestimado el problema.

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El 2023 nos dejó imágenes dantescas: drones armados con explosivos en seis enfrentamientos en tres meses. La emboscada al alcalde Vallejo, donde murieron dos escoltas, mostró la audacia de los grupos criminales. El ataque en un bar con cuatro ejecutados y militares heridos por artefactos explosivos confirmó que ningún espacio era seguro.

Las “estrategias de blindaje” resultaron inútiles. Descubrimientos como centros de monitoreo clandestinos, narcotúneles y la infiltración en la policía local demostraron que el problema iba más allá de la presencia militar. En noviembre, el asesinato de tres soldados y los bloqueos forzaron el despliegue de 1,086 efectivos federales.

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Si bien 2024 mostró una disminución en eventos de alto impacto, la calma era engañosa. Este 2025 ya suma 11 policías asesinados o desaparecidos -incluyendo al comisario-, además del hallazgo de un centro de videovigilancia dentro de la propia corporación. Los asesinatos del activista, el secretario general del ayuntamiento y la regidora Cecilia Ruvalcaba evidencian que la violencia ahora también silencia voces incómodas.

La Fiscalía, como suele ocurrir en estos casos, no tiene respuestas. Llevo dos décadas cubriendo el crimen organizado y una lección queda clara: cuando las instituciones callan, la impunidad habla más fuerte.

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