La madrugada del 16 de septiembre de 2025, una celebración patriótica en la apacible comunidad de San Miguel de Octopan, Guanajuato, se transformó en una escena de caos y terror. ¿Cómo es posible que un baile público en el Jardín Principal derive en una tragedia de magnitudes tan graves? Las primeras versiones oficiales apuntan a una riña como detonante, pero los testimonios de los testigos y la evidencia balística comienzan a tejer una narrativa mucho más compleja y alarmante.
Según relatos recabados en el lugar de los hechos, cientos de familias y jóvenes disfrutaban de la festividad cuando, alrededor de las 2:00 a.m., el estallido de múltiples disparos de arma de fuego cortó la música y los festejos. El pánico se apoderó al instante de la plaza; la multitud se dispersó entre gritos desesperados, mientras muchas otras personas se arrojaron al suelo buscando un refugio improvisado contra las balas perdidas. El saldo final: un joven sin vida y siete personas con lesiones por proyectil de arma de fuego, todas trasladadas de emergencia a hospitales de Celaya.
Pero la investigación revela una discrepancia crucial que pone en entredicho la narrativa oficial. Mientras las autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en busca de los agresores, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado emitía un comunicado declarando un “saldo blanco” para todas las ceremonias del Grito de Independencia en los 46 municipios de Guanajuato. ¿Cómo se concilia esta declaración de paz y éxito con un hecho violento que dejó víctimas mortales y que requirió la intervención de la Guardia Nacional? ¿Qué criterio se utiliza para definir un “saldo blanco” cuando hay familias en duelo?
La persistente indagación periodística ha obtenido documentos internos que detallan el operativo de seguridad: más de 2,100 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) desplegados en todo el territorio. Sin embargo, la pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿Fue suficiente? La fiscalía estatal ahora tiene la responsabilidad de esclarecer no solo la autoría material del ataque, sino también las posibles negligencias o omisiones en la estrategia de seguridad que permitieron que los agresores actuaran con tal impunidad.
Este incidente no es un hecho aislado. Expone una cruda realidad que contrasta con la imagen de tranquilidad que las autoridades intentan proyectar. Mientras los grandes escenarios en Dolores Hidalgo, Irapuato y León, con artistas de talla nacional, concluían sin contratiempos, la violencia se cebó con una comunidad más pequeña, planteando un inquietante patrón de vulnerabilidad diferenciada. La conclusión es clara: detrás de los comunicados triunfalistas, se esconde una batalla no ganada contra la inseguridad y una urgente necesidad de transparencia. La verdadera celebración de la independencia debe construirse sobre la base de la verdad y la justicia, no sobre el ocultamiento de la realidad.
