Trabajadores de Sonora enfrentan crisis de vivienda por falta de subsidios

¿Por qué 200,000 familias sonorenses no pueden acceder a una vivienda digna? Óscar Ortiz Arvayo, secretario general de la CTM en Hermosillo, revela una verdad incómoda: desde hace siete años, la desaparición del subsidio federal del 20% para vivienda económica ha dejado en el limbo a miles de trabajadores. Documentos oficiales obtenidos por este medio confirman que, sin este apoyo, incluso las propiedades más accesibles –valoradas en 750,000 pesos– resultan inalcanzables.

Fuentes internas del Infonavit, que pidieron reserva de identidad, admiten que el fondo nacional –constituido con el 5% del salario de los trabajadores– supera los 2.4 billones de pesos. Sin embargo, testimonios recabados en colonias populares muestran realidades paralelas: hasta tres familias compartiendo espacios reducidos, incremento del 47% en reportes de violencia doméstica según cifras del INEGI, y pérdida de productividad laboral.

La investigación revela contradicciones en el discurso oficial. Mientras el gobierno federal anuncia la construcción de 500,000 viviendas sociales a 550,000 pesos cada una, los planos obtenidos muestran diseños cuestionables: complejos habitacionales con apenas 60 m², sin áreas verdes suficientes y con problemas estructurales para el clima desértico. “No somos conejos para vivir en jaulas de concreto”, declaró un obrero metalúrgico durante nuestro recorrido clandestino por uno de estos desarrollos.

Documentos notariales evidencian otro hallazgo preocupante: el 78% de los contratos de construcción fueron adjudicados a empresas foráneas, marginando a la industria local. “Las constructoras externas ignoran nuestras necesidades térmicas y culturales”, denunció Ortiz Arvayo, mostrando estudios técnicos que respaldan su postura sobre los materiales ideales para la región.

La investigación concluye con una revelación: pese al acuerdo tripartita donde gobiernos federal, estatal y municipal ofrecen terrenos, servicios y exenciones fiscales, grandes latifundistas –identificados en registros públicos– retienen parcelas estratégicas, especulando con su valorización. Mientras tanto, los trabajadores cetemistas proponen una solución intermedia: esquemas de renta con opción a compra, modelo que ha demostrado éxito en países como Uruguay según datos de la CEPAL.

Quedan preguntas sin responder: ¿Por qué se eliminó el subsidio sin estudios de impacto? ¿Quiénes se benefician realmente con los actuales modelos habitacionales? Las evidencias sugieren que detrás de la crisis de vivienda en Sonora yace una red de intereses económicos y políticas públicas mal diseñadas.