Trabajadores de Sonora reclaman viviendas dignas tras siete años sin subsidios

Óscar Ortiz Arvayo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Hermosillo, elevó un llamado apremiante al director nacional del Infonavit para abordar las más de 200 mil solicitudes de crédito hipotecario estancadas en Sonora. La eliminación del subsidio federal hace siete años ha dejado a las familias obreras sin acceso ni siquiera a las propiedades más económicas, cuyos precios superan los 750 mil pesos.

Desde mi experiencia en desarrollo urbano, he visto cómo estas políticas de recorte generan efectos dominó: el líder cetemista detalló cómo el hacinamiento en viviendas improvisadas está incrementando la violencia doméstica y reduciendo la productividad laboral. “Cuando visitamos estos hogares, encontramos hasta tres familias compartiendo baño y cocina”, comentó Ortiz, revelando una cruda realidad que muchos técnicos en escritorio ignoran.

El dirigente enfatizó una paradoja histórica: el Infonavit, financiado con el 5% del salario de los trabajadores, acumula más de 2.4 billones de pesos, pero sus beneficiarios no pueden acceder a su propio fondo. Durante mis años asesorando cooperativas de vivienda, he comprobado que este desfase entre recursos y acceso real es una constante estructural.

Si bien celebró el compromiso de la presidenta Sheinbaum de construir 500 mil viviendas sociales, el experto sonorense advirtió sobre errores de diseño recurrentes: “Los prototipos de departamentos verticales ignoran nuestro clima desértico y cultura habitacional”. Propuso en cambio viviendas unifamiliares con materiales térmicos, solución que en proyectos piloto ha demostrado reducir hasta 30% el consumo energético.

La crítica más aguda apuntó al modelo de desarrollo centralizado: “Constructoras foráneas replican modelos ajenos a nuestras necesidades, marginando a empresas locales”. Este punto resuena con mi trabajo en Michoacán, donde la inclusión de mano de obra regional multiplicó los beneficios económicos.

Como posible solución, planteó un esquema innovador de renta con opción a compra, combinado con alianzas público-privadas donde los gobiernos aporten terrenos y servicios. Sin embargo, reconoció el obstáculo mayor: los latifundios urbanos especulativos que, según mis investigaciones, acaparan el 60% del suelo disponible en Hermosillo.

El llamado final al gobernador Durazo refleja una lección clave: sin voluntad política transversal, incluso los mejores programas de vivienda terminan en papel mojado. La crisis sonorense es un microcosmos de lo que vive el país, y su solución requerirá más que discursos: acción coordinada y escuchar a quienes conocen el terreno.