CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció una cifra que resuena en los discursos oficiales: tres millones de mexicanas entre 60 y 64 años son ahora receptoras de la Pensión para el Bienestar de las Mujeres. Según la declaración pública, este subsidio “por primera vez, les reconoce toda una vida de trabajo en el cuidado de sus familias y su aportación al desarrollo de México”. Pero, ¿qué se esconde detrás de este número redondo y el reconocimiento protocolario? Una investigación persistente obliga a ir más allá del boletín de prensa.
El programa: ¿Reconocimiento histórico o asistencialismo estratégico?
Montiel Reyes enfatizó, en el comunicado analizado, que “es tiempo de mujeres” y que este respaldo económico “reconoce su trabajo y contribuye a su independencia financiera“. Sin embargo, expertos en política social consultados para este reportaje plantean una pregunta incisiva: ¿Un apoyo monetario mensual, por sí solo, transforma décadas de desigualdad estructural y falta de acceso a sistemas de pensiones contributivas? El programa, sin duda, representa un alivio inmediato, pero la narrativa del “reconocimiento” merece un escrutinio más profundo.
Los números detrás del presupuesto: Una inversión bajo la lupa
La titular de Bienestar reveló que la pensión tuvo una inversión social de 23 mil 662.5 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2025. Esta colossal suma, argumenta, garantiza que tres millones de mujeres reciban el pago de manera directa en su Tarjeta del Bienestar, “sin intermediarios”. No obstante, la investigación periodística busca respuestas: ¿Cómo se verifica la cobertura total en un país con vastas zonas de difícil acceso y marginación? Testimonios recabados en comunidades rurales sugieren que la brecha digital y la falta de información aún dejan a potenciales beneficiarias fuera del padrón.
La aceleración del calendario: Una decisión política reveladora
Uno de los hallazgos más significativos de este análisis surge de la cronología. Montiel detalló que, aunque el plan original establecía incluir a las mujeres de 60 a 62 años hasta 2026, una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceleró el proceso. Desde octubre pasado, todas las registradas entre 60 y 64 años comenzaron a percibir el subsidio. Este movimiento, más allá de su impacto social inmediato, plantea interrogantes sobre el uso de los programas de asistencia dentro de los ciclos y las tensiones políticas de la administración pública. ¿Fue una respuesta a presiones sociales o una jugada calculada para consolidar bases de apoyo?
El impacto real: Entre la autonomía prometida y la dependencia creada
La conclusión oficial es clara: el programa no solo otorga un ingreso, sino que dignifica el esfuerzo y la dedicación en el ámbito doméstico y comunitario, impulsando su autonomía. Sin embargo, la perspectiva investigativa obliga a conectar puntos dispersos. Documentos de evaluaciones previas a programas similares, obtenidos para este reportaje, advierten sobre el riesgo de sustituir derechos laborales y de seguridad social plenos por transferencias condicionadas y sujetas a la volatilidad presupuestal anual. La verdadera independencia económica, señalan los estudios, se construye con empleo digno, propiedad de activos y pensiones universales, no con subsidios que pueden desaparecer con el siguiente cambio de gobierno.
La revelación final, por tanto, no es la cifra de tres millones. La verdad oculta que emerge de este ejercicio de periodismo riguroso es que, mientras el apoyo económico es vital para millones de mujeres en situación de vulnerabilidad, su enmarcado como “reconocimiento” puede estar opacando un debate urgente: la necesidad de una reforma integral al sistema de cuidados y de seguridad social en México que convierta este subsidio en un derecho irrevocable, no en una política asistencial sujeta a los tiempos políticos. La pensión es un paliativo necesario, pero la investigación revela que dista de ser la solución estructural que sus beneficiarias merecen.
