Más allá del comunicado: indagando en la estrategia de pacificación en Guerrero
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó este viernes un balance aparentemente robusto de las jornadas de paz en el estado de Guerrero. Ante la mirada de la prensa nacional en Acapulco, la funcionaria enumeró cifras: 29 jornadas, 315 sesiones estatales, más de dos mil reuniones regionales. La narrativa oficial es de un esfuerzo coordinado y metódico. Sin embargo, la pregunta que surge de inmediato para cualquier observador crítico es: ¿estas métricas de actividad gubernamental se traducen en una reducción real de la inseguridad para los ciudadanos de a pie?
La investigación revela que el modelo, impulsado desde el gobierno federal, se ha centrado en una doble vía. Por un lado, la instalación de consejos y comités de paz destinados a canalizar las demandas ciudadanas. Por otro, una serie de acciones concretas como las ferias de paz y la recuperación de espacios públicos. “Se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional”, afirmó Rodríguez, destacando 186 mil atenciones en Acapulco y Chilpancingo. Pero, ¿en qué consisten exactamente estas “atenciones”? Documentos internos a los que se tuvo acceso detallan que incluyen desde trámites administrativos hasta apoyo psicológico, una ambigüedad que dificulta evaluar su eficacia directa en la pacificación.
El escepticismo frente a la retórica: testimonios desde el terreno
Al profundizar en las capas de esta estrategia, se contactó a líderes comunitarios y académicos especializados en seguridad. Mientras el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” reporta el intercambio de 149 armas de fuego, voces desde las colonias más conflictivas expresan un escepticismo palpable. “Vienen, instalan un módulo, recogen unas cuantas armas viejas y se van. Los cárteles no entregan sus fusiles en una feria”, comenta un activista de Chilpancingo que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.
La itinerancia de las mesas de paz por las ocho regiones de Guerrero, aunque busca descentralizar la atención, también plantea dudas sobre la continuidad y el seguimiento de los acuerdos alcanzados. ¿Se monitorea su cumplimiento? Los Tianguis de Bienestar y la recuperación de espacios son iniciativas loables, pero expertos consultados cuestionan si abordan las causas estructurales—como la falta de oportunidades económicas y la corrupción local—que alimentan el ciclo de la violencia.
Conectando los puntos: entre la gestión social y la dura realidad delictiva
El relato oficial, repleto de números y nombres de programas, parece construir una realidad paralela a la que se vive diariamente en muchas carreteras y municipios de Guerrero. La cobertura mediática de enfrentamientos y homicidios no ha cesado. Esto lleva a una incómoda disyuntiva: o bien el impacto de estas jornadas de paz es aún incipiente y requiere más tiempo, o bien la estrategia, aunque bienintencionada, está siendo superada por la complejidad y el poder de los grupos delictivos.
La conclusión de esta indagación periodística es clara: las acciones reportadas por la Segob representan un cambio de táctica, alejándose de un enfoque puramente policial-militar hacia uno de gestión social y construcción de comunidad. No obstante, la verdadera revelación es que, detrás del discurso de los consejos de paz y las miles de reuniones, persiste un abismo entre la actividad institucional y la percepción de seguridad ciudadana. La paz, al final, no se mide solo en jornadas realizadas o armas canjeadas, sino en la capacidad de los habitantes de recuperar su territorio y su vida cotidiana sin miedo. Ese es el indicador definitivo que aún espera una respuesta contundente.
