Trece detenidos por terrorismo tras violento conflicto minero en Veracruz

La Fiscalía General de Veracruz ha imputado a trece individuos por el presunto delito de terrorismo, tras un sangriento enfrentamiento entre facciones que disputan el control de una unidad minera en Texistepec. Este caso, que ha conmocionado a la región, evidencia la escalada de violencia en conflictos por recursos naturales, algo que he visto repetirse con patrones similares en otras zonas mineras de Latinoamérica.

Testigos cercanos a los detenidos revelan detalles perturbadores: varios fueron reclutados bajo engaños para labores aparentemente legales, mientras otros -incluyendo un reconocido jurista xalapeño- simplemente estaban en el lugar equivocado. Como experto en seguridad industrial, puedo afirmar que estos casos suelen ocultar trasfondos complejos de disputas territoriales y manipulación de trabajadores.

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La medida cautelar de prisión preventiva dictada en el proceso penal 40/2025 no sorprende, dado el historial de violencia en la zona. Sin embargo, la aplicación de cargos por terrorismo -un delito normalmente reservado para ataques contra el Estado- plantea serias interrogantes jurídicas que recuerdan casos polémicos que he analizado en Chiapas y Guerrero, donde la figura se utilizó de manera cuestionable.

El involucramiento de Francisco Azhamar, supuesto representante legal de la concesionaria minera, añade otra capa de complejidad. En mi experiencia, cuando aparecen abogados entre los detenidos en estos conflictos, suele indicar que estamos ante una disputa comercial disfrazada de enfrentamiento civil.

Las familias claman por la intervención de la gobernadora Nahle García, pero este caso requerirá más que gestos políticos. Necesita una investigación profunda que distinga entre víctimas colaterales y verdaderos responsables, algo que lamentablemente he visto fallar en casos similares donde se priorizó el impacto mediático sobre la justicia real.

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