La Construcción de un Nuevo Pacto Social: Una Mirada desde la Experiencia
En mi larga trayectoria observando la vida política y jurídica de nuestro país, pocas veces he sido testigo de un proceso constitucional tan ambicioso y tangible como el que se vive en Nuevo León. Hoy, al conmemorar el tercer aniversario de su Constitución Política, no puedo evitar recordar los escepticismos iniciales. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que las grandes transformaciones suelen nacer entre dudas. El gobernador Samuel García no se equivoca al destacar el carácter pionero de la entidad; atreverse a redactar una nueva Carta Magna en el México contemporáneo es, en sí mismo, un acto de audacia que pocos estados hubieran emprendido.
Desde la solemnidad del recinto del Antiguo Congreso del Estado, en el Palacio de Gobierno, el mandatario enfatizó una lección que he visto confirmarse una y otra vez: la unidad es el catalizador del progreso. Su afirmación de que Nuevo León es “primer lugar en todo” va más allá del orgullo local; refleja una confianza colectiva que, en la práctica, es el combustible para proyectos de gran envergadura, como ser la sede del Mundial 2026. He aprendido que cuando una comunidad se une detrás de una visión clara, como la de ser “el motor económico de México”, los resultados concretos terminan por llegar.
Pero donde realmente encuentro el núcleo del cambio constitucional es en su enfoque en los derechos humanos. La teoría jurídica siempre los coloca en un pedestal, pero la verdadera prueba está en la obligatoriedad para todas las autoridades. En la práctica, he visto cómo decretos bienintencionados se diluyen en la burocracia. Que se haya establecido este mandato como un pilar central no es un detalle menor; es la diferencia entre un documento bonito y una herramienta de transformación social efectiva.
El testimonio más contundente, basado en datos duros y no en meras promesas, se encuentra en el ámbito de la seguridad pública. Como alguien que ha analizado indicadores de seguridad por décadas, puedo afirmar que las cifras que se manejan son extraordinarias. Que la Fuerza Civil, la renovada policía estatal, ocupe el primer lugar nacional en confianza y desempeño no es una casualidad. Es el resultado de una estrategia integral. Una reducción del 77 por ciento en delitos de alto impacto y el posicionamiento de las policías municipales como los mejores entes colegiados del país son logros que, en mi experiencia, solo se consiguen con una combinación de voluntad política, recursos adecuados y un marco jurídico sólido que lo respalde.
El balance del último año, de septiembre a septiembre, siendo el mejor en ocho años en materia de reducción delictiva, no es solo un dato positivo. Es la validación empírica de que el modelo está funcionando. Que el semáforo de la Fiscalía estatal muestre nueve de diez indicadores en verde es algo que, en la compleja realidad de la seguridad nacional, equivale a una pequeña hazaña. Esto nos demuestra que, más allá de la teoría, una Constitución moderna, acompañada de una implementación decidida, puede cambiar tangiblemente la vida de las personas. Esa es, al final, la lección más valiosa que nos deja este tercer aniversario.
