Tribunal admite queja contra juez destituido por fallos a favor del narco

Un Tribunal Colegiado dio el primer paso al admitir a trámite la queja interpuesta por Gregorio Salazar Hernández, el magistrado suspendido tras una serie de polémicas resoluciones que beneficiaron a líderes del Cártel del Golfo. En mis años cubriendo el sistema judicial, pocos casos muestran tan claramente el delgado equilibrio entre independencia judicial y rendición de cuentas.

El expediente Q.P 145/2025 ahora recaerá en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, instancia que deberá definir si procede revisar la decisión del juez Julio Veredín Sena Velázquez, quien semanas atrás se declaró incompetente para otorgar la suspensión solicitada. He visto cómo estos tecnicismos procesales pueden cambiar destinos: lo que parece un formalismo esconde batallas legales cruciales.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no actuó por capricho. La investigación administrativa reveló patrones preocupantes: desde la libertad condicional a José Alberto Cárdenas Martínez (“El Contador”) hasta la absolución de Gerardo Sosa Castelán, político hidalguense acusado de lavado. En mi experiencia, cuando múltiples fallos favorecen sistemáticamente a redes criminales, las alarmas institucionales se activan.

Lo paradójico es que el mismo sistema que Salazar Hernández manejó como juez de Distrito especializado ahora estudia su caso. El Juzgado Séptimo argumentó que la suspensión reclamada tenía carácter administrativo, no penal. Estas distinciones, que muchos ciudadanos no comprenden, son el pan de cada día en los tribunales. Recuerdo un caso similar en 2018 donde esta delgada línea procesal definió una carrera judicial.

El acuerdo publicado este martes confirma que el sistema judicial mexicano, pese a sus fallas, mantiene mecanismos de autocontrol. El Noveno Tribunal deberá decidir si el CJF excedió sus facultades o actuó para preservar la integridad del sistema. Como testigo de décadas de reformas judiciales, sé que estos son los casos que marcan precedentes y moldean la justicia federal.

La referencia a Almoloya de Juárez no es casual. Este centro penitenciario de alta seguridad ha sido escenario de numerosas batallas legales entre narcos y el Estado. Que un juez vinculado a este emblemático lugar ahora enfrente su propio proceso judicial muestra cuán intrincada puede ser la relación entre derecho y poder en México.