La Controversia Judicial que Sacude los Cimientos de la Imparcialidad
En una decisión que ha generado profundas divisiones al interior del máximo órgano electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha determinado archivar las quejas contra las ministras Yasmín Esquivel y Sara Irene Herrerías, acusadas de presunta distribución de material propagandístico durante el periodo de veda electoral.
Nuestra investigación revela que el fallo, aprobado por mayoría, también benefició al magistrado Bernardo Bátiz, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, cuya multa de 38 mil 580 pesos -la más cuantiosa impuesta por irregularidades en campaña- fue revocada en una sesión cuyos detalles permanecen en la opacidad.
La Operación Acordeón: ¿Falta de Pruebas o Fallo Deliberado?
¿Cómo explica el Tribunal la inexistencia de infracciones cuando múltiples denuncias señalaban patrones idénticos de conducta? Los documentos consultados por nuestro equipo muestran que la resolución argumenta “falta de acreditación” sobre la autoría y distribución del material conocido como acordeones electorales en el estado de Chiapas.
Pero las voces disidentes dentro del propio Tribunal plantean serias objeciones. El magistrado Reyes Rodríguez, en un voto particular que hemos analizado exhaustivamente, cuestiona la metodología: “Los elementos se valoraron de forma aislada, evitando un análisis conjunto que hubiera revelado el patrón sistemático”.
La Conexión que el Tribunal Ignoró
Nuestra investigación ha descubierto que las quejas compartían características alarmantes: idéntico formato de los acordeones, mismos mecanismos de distribución y temporalidad coincidente días antes de la jornada electoral. Sin embargo, el Tribunal insistió en tratarlas como casos aislados.
“Considero que se debió hacer un solo procedimiento con la totalidad de pruebas para evaluar si existió o no la llamada operación acordeón”, enfatizó Rodríguez en su declaración, un testimonio que contradice la versión oficial.
Las Ausencias que Despiertan Sospechas
El expediente revela un detalle crucial: los magistrados Gilberto Bátiz y Claudia Valle se excusaron de participar en la votación por haber intervenido en dicha elección. ¿Constituye esto un reconocimiento tácito de posibles conflictos de interés que otros preferieron ignorar?
Lo que las Actas No Muestran
Tras examinar minuciosamente los fundamentos jurídicos, surge la pregunta inevitable: ¿estamos ante una aplicación estricta del principio de presunción de inocencia o frente a una deliberada ceguera ante evidencias circunstanciales contundentes?
La resolución insiste en que “no se acreditó la coacción al voto” ni “el beneficio indebido”, pero calla sobre las inexplicables coincidencias que señalan los magistrados disidentes.
El Precedente Peligroso
Esta decisión sienta un preocupante antecedente para futuros procesos electorales. Al desestimar quejas por lo que califica como “pruebas insuficientes”, el Tribunal Electoral podría estar abriendo la puerta a nuevas estrategias de manipulación electoral más sofisticadas y difíciles de demostrar.
La verdadera operación acordeón quizás no fue la denunciada, sino la que permitió que estas quejas fueran archivadas una tras otra, sin que nunca se examinaran como el fenómeno coordinado que, según evidencias internas, varios magistrados creen que fue.
