Tribunal federal ordena juicio contra exfuncionario por lavado de dinero

Un tribunal federal revolucionó el panorama jurídico al anular la absolución de Gerardo Sosa Castelán, imponiendo el reinicio de su juicio por presunta delincuencia organizada y lavado de 58.2 millones de pesos en perjuicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta decisión, más que un simple revés legal, expone las grietas en el sistema de justicia penal y plantea preguntas incómodas: ¿Cómo pudo un juez emitir un fallo sin competencia? ¿Qué mecanismos fallaron?

El Segundo Tribunal Colegiado de Toluca determinó que el juez Gregorio Salazar Hernández sobrepasó sus atribuciones al sobreseer el caso en septiembre pasado, cuando el proceso ya había avanzado a etapa de juicio. Esta resolución no es solo un tecnicismo jurídico; es un recordatorio de que el sistema debe funcionar como un reloj suizo, donde cada engranaje conoce su momento y límite.

Los magistrados fueron contundentes: desde junio de 2023, cuando se emitió el auto de apertura a juicio, Salazar perdió toda competencia sobre el caso. Su posterior decisión de septiembre violó flagrantemente el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, creando un peligroso precedente que el colegiado no dudó en corregir.

Las implicaciones son profundas: Sosa Castelán deberá volver a portar brazalete electrónico, someterse a monitoreo constante y ver restringida su libertad de movimiento. Pero más allá de las medidas cautelares, este caso plantea una reflexión urgente sobre la arquitectura de nuestro sistema judicial. ¿Estamos diseñando procesos que prevengan estos errores? ¿O seguimos parchando fallas cuando ya es demasiado tarde?

El fallo, aunque definitivo en esta instancia, no cierra la puerta a nuevos recursos. Sosa podría aún interponer un amparo, prolongando este complejo proceso legal que ya cumple tres años. Este caso se convierte así en un laboratorio vivo sobre los desafíos de impartir justicia en casos de alta complejidad financiera.