Tribunal federal respalda la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- En una decisión que podría reabrir heridas en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México, un tribunal federal determinó que no existen pruebas suficientes para desmentir la controvertida “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Pero qué revelan realmente los documentos judiciales?

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México emitió un fallo que sostiene que, hasta la fecha, no hay elementos concluyentes para demostrar que la narrativa oficial construida durante la gestión del entonces procurador Jesús Murillo Karam sea falsa. La resolución, basada en el proyecto de la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro, establece un precedente inquietante: ¿puede mantenerse una versión como “verdad” cuando existen serias dudas sobre su sustento probatorio?

Según documentos consultados por este medio, el tribunal argumentó que para refutar la versión oficial sería necesario localizar los restos de las víctimas en un sitio distinto al Río San Juan en Cocula, Guerrero. “No se advierte que hayan sido hallados en otro lugar”, señala el texto judicial, ignorando las múltiples irregularidades señaladas por organismos internacionales.

Expertos consultados cuestionan la lógica del fallo. “Es preocupante que se exija prueba negativa a las familias”, advierte un abogado de derechos humanos que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias. “El Estado debería demostrar la veracidad de su versión, no al revés”.

El tribunal minimizó además las denuncias de tortura contra detenidos -reconocidas incluso por otras instancias judiciales-, argumentando que las confesiones obtenidas bajo coacción podrían coincidir “con la realidad fáctica”. Una postura que, según organizaciones civiles, normaliza la violación de garantías procesales.

Mientras tanto, las familias de las víctimas y organismos internacionales como el GIEI siguen exigiendo justicia. Nuevas líneas de investigación sugieren la posible participación de autoridades federales y militares, información que parece haber sido sistemáticamente ignorada en este proceso judicial. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de impunidad institucionalizada?

Lo que queda claro es que, ocho años después, las sombras sobre Ayotzinapa persisten. Este fallo no cierra el caso; por el contrario, reafirma la urgencia de una investigación independiente que finalmente revele el paradero de los 43 estudiantes y castigue a todos los responsables, sin importar su nivel de poder.