Un fallo disruptivo para la democracia digital
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido un veredicto de alto impacto: todos los institutos políticos con presencia en Oaxaca están ahora obligados a activar protocolos específicos para blindar la participación política de las mujeres indígenas. Esta decisión vanguardista busca desmantelar de raíz la simulación de candidaturas, una práctica sistémica y un algoritmo de exclusión que pervierte la equidad en los comicios.
De la denuncia a la reparación integral: un caso paradigmático
El origen de esta resolución es un caso emblemático de violencia política de género registrado en Chalcatongo de Hidalgo durante el ciclo electoral 2023-2024. Una ciudadana mixteca, victoriosa en las urnas, fue víctima de un vacío institucional al no ser juramentada para el cargo. La investigación judicial evidenció que su partido nunca completó su registro oficial, un acto de invisibilización que el tribunal local calificó como agresión política. La orden fue clara: implementar medidas de reparación integral para la afectada.
Prevención colectiva frente a la resistencia partidista
Los partidos políticos impugnaron la medida, intentando circunscribirla al instituto denunciado. Sin embargo, en una votación de 2 a 1, la Sala Regional Xalapa amplió el mandato a toda la arena política local. La visión es proactiva y de código abierto: crear un ecosistema electoral resiliente que impida la sustitución, el ocultamiento o la manipulación de postulaciones en futuros procesos. No se trata de una sanción punitiva, sino de un firewall preventivo.
Justicia con perspectiva de género e interseccionalidad
La magistrada presidenta Roselia Bustillo Marín enfatizó que estas acciones constituyen un mecanismo de justicia restaurativa. Su objetivo es doble: garantizar los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y reparar las barreras estructurales e históricas que limitan su agencia pública. La simulación de candidaturas, señaló, exige soluciones colectivas y sostenidas, un upgrade en la gobernanza de los partidos.
Refundando los códigos de la contienda electoral
Este fallo sienta un precedente ineludible. Reconfigura la responsabilidad de las instituciones y los partidos, obligándolos no solo a prevenir, atender y sancionar la violencia política por razón de género, sino también a auditar sus procesos internos. La transparencia, la legalidad y la equidad dejan de ser opcionales para convertirse en el estándar mínimo no negociable para cualquier democracia que aspire a ser genuinamente inclusiva en el siglo XXI.
