Tribunal ordena 30 disculpas públicas por violencia política de género

En un caso que ha generado controversia sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia política, el Tribunal Electoral federal ha impuesto una sanción sin precedentes. Karla María Estrella Murrieta fue condenada a emitir 30 disculpas públicas consecutivas dirigidas a la diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, a quien debe referirse únicamente como “Dato Protegido”. ¿Por qué esta medida extrema? ¿Qué revela sobre el sistema de justicia electoral?

La resolución, ratificada en junio por la Sala Regional Especializada con los votos de la magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes, considera que Murrieta transgredió los derechos político-electorales de Barreras al cuestionar su candidatura en redes sociales el 14 de febrero de 2024. “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa”, escribió entonces Murrieta, en un comentario que desencadenó la denuncia.

Pero, ¿se trata realmente de proteger los derechos de las mujeres en política o de silenciar críticas legítimas? Fuentes cercanas al caso revelan que la diputada Barreras, en declaraciones contradictorias, afirmó: “No necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública“. Sin embargo, la maquinaria judicial ya estaba en marcha.

Las consecuencias para Murrieta van más allá de las disculpas: inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, multa económica y medidas de “reparación”. “Sí pueden obligarme -reconoció Murrieta en redes-. Podrían bloquear mis cuentas bancarias”. Este caso sienta un peligroso precedente: ¿Dónde queda el derecho al debate político? Documentos obtenidos por este medio muestran que la resolución se basó en interpretaciones amplias de lo que constituye “violencia simbólica”.

Expertos consultados advierten sobre el efecto inhibidor que podría tener en la participación ciudadana. Mientras, las primeras disculpas -redactadas en lenguaje jurídico forzado- ya circulan en redes: “Te pido disculpa por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica […] basado en estereotipos de género“.

Este reportaje de investigación continúa analizando documentos judiciales y entrevistando a partes involucradas para revelar si existe un patrón en el uso de estas figuras legales. Una cosa es clara: el caso Murrieta-Barreras ha abierto un debate necesario sobre el delicado equilibrio entre protección de derechos y libertad de expresión en la era digital.