Un giro legal en un caso emblemático
José Luis Abarca Velázquez obtiene un respiro judicial en su complejo expediente penal, que lo mantiene tras las rejas desde 2014, vinculado a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El exedil de Iguala, Guerrero, acusado en su momento de orquestar la detención y entrega de los normalistas a un grupo delincuencial—y posteriormente absuelto de esos cargos—, ha logrado una suspensión que frena la ejecución de la sentencia de 92 años de prisión impuesta en 2023 por el secuestro de siete activistas del movimiento social Unidad Popular.
El exalcalde de Iguala.
Esta medida cautelar, una disposición judicial preventiva, fue concedida por un Tribunal Federal mientras se resuelve un amparo promovido por la defensa del exfuncionario, quien busca anular la condena. El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, fundamentó su decisión al considerar que, aunque los padres de los 43 normalistas están reconocidos como víctimas, no son “terceros interesados” directos en este recurso legal específico, ya que la suspensión no impacta de inmediato en la reparación del daño que exigen las familias.
Los crímenes por los que fue condenado
La condena suspendida, de 92 años y seis meses, responde al secuestro de siete integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, entre los que se encontraba el líder agrario Arturo Hernández Cardona. Seis de estos activistas habían denunciado a Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y al exsecretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, a finales de mayo de 2013. Un día después de la denuncia, fueron privados de la libertad. Los cuerpos sin vida de Hernández Cardona y dos de sus compañeros fueron hallados a principios de junio con evidentes signos de tortura.
Uno de los supervivientes, Nicolás Mendoza, declaró en 2014: “Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza [a Hernández Cardona], en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”.
Un historial de violencia e impunidad
Este no es el único delito por el que Abarca ha sido sentenciado. En abril pasado, la Fiscalía de Guerrero confirmó su participación en el asesinato de su propio compañero de cabildo, Justino Carvajal Salgado, quien se desempeñaba como primer síndico durante su administración. Por este homicidio, ocurrido el 8 de marzo de 2013, el exprilista recibió una condena adicional de 20 años de prisión.
En contraste, en mayo de 2023, un tribunal confirmó la absolución de Abarca en el caso Ayotzinapa, por falta de pruebas suficientes. Esta decisión, ratificada en junio pasado, generó un fuerte rechazo social y político. Al ser cuestionada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo: “No estoy de acuerdo con que los jueces sin explicación alguna absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación…”.
A tres días del undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, familiares, normalistas y activistas se manifestaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, marcando el inicio de una nueva jornada de lucha para exigir justicia y verdad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México.
