El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la tensión en una disputa histórica al amenazar con imponer nuevos aranceles a las importaciones mexicanas. La razón esgrimida es el incumplimiento, según la administración estadounidense, de los compromisos de entrega de agua establecidos en el Tratado de Aguas de 1944. La declaración presidencial del 8 de diciembre establece un plazo perentorio: México debe liberar 246 millones 650 mil metros cúbicos de agua antes del 31 de diciembre para comenzar a subsanar un déficit acumulado que Washington calcula en 986 millones 600 mil metros cúbicos.
La amenaza es concreta y tiene un valor numérico. De no cumplirse la exigencia, Trump aseguró haber autorizado ya la documentación necesaria para aplicar un arancel del 5% a los productos provenientes de México. “Cuanto más tarde México… más perjudicados saldrán nuestros agricultores”, advirtió el mandatario, vinculando directamente la política comercial con el cumplimiento de un tratado binacional sobre recursos hídricos. Esta postura convierte una compleja negociación técnica en una presión económica de alto nivel, con implicaciones inmediatas para la relación bilateral.
Sin embargo, el conflicto dista de ser una simple cuestión de números o voluntad política. La disputa por el agua en la cuenca del Río Bravo es un problema estructural que se agrava cíclicamente, especialmente durante periodos de sequía extrema. México ha sostenido durante años que cumplir con las entregas pactadas se vuelve extraordinariamente difícil cuando las presas en su territorio norteño, vitales para el abasto de estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ven reducida su capacidad. Liberar los volúmenes exigidos por Estados Unidos en estas condiciones, argumenta el lado mexicano, podría precipitar o profundizar crisis hídricas locales, generando un conflicto entre obligaciones internacionales y necesidades domésticas.
El propio Tratado de 1944 contempla mecanismos para estas situaciones excepcionales, incluyendo cláusulas para “sequía extraordinaria”. No obstante, la interpretación y aplicación de estas disposiciones han sido una fuente constante de desacuerdo en el principal foro técnico binacional, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Cada revisión del tema reactiva tensiones que subyacen sin una resolución definitiva, evidenciando que el marco legal existente puede ser insuficiente para gestionar la creciente presión sobre un recurso cada vez más escaso debido al cambio climático y la demanda creciente.
Poco antes del ultimátum público de Trump, el Departamento de Estado ya había dado señales de la creciente impaciencia de Washington. En un comunicado oficial, detalló reuniones de alto nivel con funcionarios mexicanos para exigir “medidas inmediatas y concretas”. La delegación estadounidense, integrada por el Departamento de Estado, el de Agricultura y la CILA, presionó para que México destinara “los máximos suministros posibles” a los usuarios de Texas, particularmente agricultores que, según Washington, han sufrido pérdidas por cientos de millones de dólares. Reconocen que México incrementó significativamente las entregas el año pasado, pero insisten en que es insuficiente para compensar la escasez acumulada.
La situación presenta un escenario de alta complejidad. Por un lado, Estados Unidos ejerce su poderío económico para forzar el cumplimiento de un tratado, argumentando daños tangibles a sus productores. Por el otro, México se enfrenta al dilema de honrar un compromiso internacional bajo la amenaza de sanciones, mientras gestiona una crisis hídrica interna severa en sus estados del norte. La amenaza arancelaria traslada el conflicto del ámbito diplomático-técnico al comercial, un terreno donde la asimetría de poder es más evidente. El plazo del 31 de diciembre actúa como un reloj que no solo mide metros cúbicos de agua, sino también la capacidad de ambos países para encontrar una solución sostenible a un problema que, más allá de las fechas límite, es de naturaleza permanente. La resolución, o la escalada, de este episodio sentará un precedente crucial para la gestión futura de los recursos compartidos y para la propia dinámica de la relación entre los dos países.
