El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono de su presión para adquirir el control de Groenlandia, amenazando con imponer aranceles comerciales a aquellos países que no respalden sus planes. Durante una mesa redonda en la Casa Blanca, Trump justificó esta medida al afirmar que Estados Unidos necesita el territorio autónomo danés por razones de seguridad nacional, insistiendo en que “podría hacerlo”. Esta declaración representa una táctica más en una campaña de presión que ha incluido, según sus propias palabras, la posibilidad de recurrir a medios militares si fuera necesario.
La estrategia encuentra un precedente en la política comercial de la administración Trump. El mandatario comparó explícitamente esta amenaza con los aranceles que el año pasado planeó imponer a Francia y Alemania por productos farmacéuticos, situando así una disputa territorial en el ámbito de las negociaciones económicas coercitivas. Este enfoque instrumentaliza el poder comercial de Estados Unidos como una palanca para alcanzar objetivos geopolíticos, un método que redefine los contornos de la diplomacia tradicional con aliados.
El interés de Washington en Groenlandia no es nuevo, pero la insistencia pública y las tácticas empleadas han alcanzado un nivel sin precedentes. La justificación central gira en torno a la posición estratégica de la isla en el Ártico, una región de creciente importancia militar y económica debido al deshielo y la competencia por recursos. Trump ha argumentado que Groenlandia, rica en minerales críticos, es vital para contrarrestar la influencia de rivales como Rusia y China en la zona, y ha criticado a las autoridades locales por no garantizar, a su juicio, una seguridad adecuada.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido de firme rechazo y movilización diplomática. Dinamarca, propietaria de la soberanía sobre Groenlandia que goza de autogobierno interno, ha recibido un apoyo explícito de sus aliados. Varias naciones europeas han comenzado a desplegar presencia militar en el territorio en un gesto de solidaridad con Copenhague y Nuuk. Paralelamente, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense viajó a Dinamarca para expresar su respaldo al gobierno danés, señalando una fractura entre la Casa Blanca y una parte del establishment político en Washington.
Los intentos de desescalada hasta el momento han mostrado límites claros. Una reunión este miércoles en la Casa Blanca entre Trump y los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia concluyó, según las partes, con un “desacuerdo fundamental”. No obstante, se acordó establecer un grupo de trabajo tripartito para mantener conversaciones periódicas, lo que sugiere que, pese a la retórica confrontacional, se mantiene un canal de diálogo. Este mecanismo tendrá la compleja tarea de gestionar una disputa donde las posiciones iniciales son diametralmente opuestas: la venta o cesión de territorio es una línea roja innegociable para Dinamarca y Groenlandia.
Las implicaciones de esta crisis trascienden el caso específico. Primero, tensiona la cohesión de la OTAN, al plantear una demanda territorial sobre un aliado fundador. Segundo, establece un peligroso precedente donde la fuerza económica se utiliza para coaccionar a socios estratégicos en matters de soberanía. Y tercero, refleja una visión de la política exterior donde las transacciones y la demostración de poder priman sobre el marco de alianzas e instituciones multilaterales. El desarrollo de este grupo de trabajo será un termómetro clave para medir si es posible encontrar una salida que preserve la relación transatlántica o si, por el contrario, la amenaza de los aranceles se materializa, abriendo una nueva y grave fractura en el orden internacional occidental.
