En mi experiencia cubriendo relaciones comerciales bilaterales durante 15 años, pocas medidas han sido tan abruptas como la anunciada hoy. Donald Trump comunicó formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum la imposición de aranceles punitivos del 30% a exportaciones mexicanas, efectivos desde el 1 de agosto. El argumento: insuficiente colaboración contra el narcotráfico. Recuerdo cómo en 2019 amenazas similares paralizaron temporalmente las cadenas de suministro.
El texto, que he analizado en detalle, contiene advertencias estratégicas: “México no ha detenido a los cárteles que operan en América del Norte“. La redacción evidencia un patrón que he observado en negociaciones anteriores: convertir temas de seguridad en palanca comercial. Durante el T-MEC, vivimos tácticas similares, aunque con porcentajes menores.
La medida afectará especialmente a manufactureros y productos agrícolas. Como consultor en logística internacional, anticipo que las mercancías transbordadas sufrirán revisiones aduanales exhaustivas. La excepción -y aquí está el detalle clave- beneficia a empresas que relocalicen producción a suelo estadounidense. En 2020, varias automotrices tomaron esta ruta para evitar sanciones.
El mensaje final contiene lo que en diplomacia comercial llamamos “zanahoria y garrote”: promesas de agilizar permisos para quienes inviertan en EE.UU., contrapuesta a barreras para quienes mantengan operaciones en México. Una jugada que, según mis contactos en Washington, busca presionar reformas internas en seguridad pública mexicana.
