La tranquilidad del fraccionamiento Villa Montaña, en Aguascalientes, se quebró la noche del 27 de diciembre. Lo que inició como una aparente tentativa de invasión a un domicilio terminó en un cruce de balas que dejó un muerto, dos heridos y una serie de interrogantes sobre la naturaleza del ataque y la respuesta de las autoridades.
Según el relato oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encontraba en su día de descanso, se convirtió en testigo y protagonista forzoso del incidente. Alrededor de las 19:00 horas, el agente detectó a varios individuos intentando violentar una vivienda en el cruce de las calles Francisco López Medrano y Francisco J. Herrera, con la aparente intención de agredir a un residente.
Pero, ¿quiénes eran estos sujetos? ¿Qué motivaba un ataque tan audaz en una zona residencial? La narrativa institucional describe que, al notar la presencia del investigador, los agresores abrieron fuego. En ejercicio de legítima defensa y para proteger a la potencial víctima, el agente repelió la agresión. El resultado fue contundente: dos atacantes lesionados y uno sin vida en el pavimento.
Sin embargo, la verdadera dimensión del suceso se mide por la reacción posterior. El despliegue fue masivo: más de 30 patrullas de los tres órdenes de gobierno, ambulancias, unidades del Servicio Médico Forense e incluso la presencia del secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo. Un operativo de tal envergadura para un enfrentamiento ya concluido plantea una pregunta incómoda: ¿las autoridades actuaban ante un simple hecho delictivo o ante la presencia de un grupo delictivo que ameritaba una respuesta contundente?
La investigación sobre el terreno comenzó a tejer una red más compleja. Durante un rastreo posterior, policías municipales y estatales detuvieron a dos personas más, presuntamente vinculadas al evento. En total, cuatro individuos bajo custodia: dos heridos hospitalizados bajo vigilancia y otros dos en los separos de Seguridad. En la escena, se aseguró una camioneta Kia color rojo, mientras peritos del Instituto de Ciencias Forenses y de la Policía Científica recogían evidencias balísticas y otros indicios.
El impacto en la comunidad fue inmediato y profundo. La balacera y la posterior invasión de fuerzas de seguridad generaron pánico entre los vecinos, quienes se resguardaron en sus hogares y saturaron las líneas del 911 con llamadas de auxilio. Este miedo colectivo es el testimonio más elocuente de la fractura en la seguridad cotidiana.
La conclusión oficial apunta a un acto de legítima defensa por parte del agente. No obstante, una mirada periodística persistente debe ir más allá. La sincronía del ataque, la rápida movilización de refuerzos sospechosos y el despliegue policial extraordinario sugieren que este no fue un hecho aislado. Podría tratarse de la punta de un iceberg: una escaramuza visible de una lucha territorial entre células criminales, o la intervención fortuita que desbarató una operación de mayor alcance. La verdad completa aún reposa en los testimonios de los detenidos, en el análisis de las comunicaciones y en las sombras que una camioneta roja y un cuerpo en el Semefo no pueden contar por sí solos.
