Un hacker del Cartel de Sinaloa infiltró sistemas del FBI para asesinar informantes

Durante mis años cubriendo seguridad nacional, pocos casos ilustran tan crudamente la convergencia entre crimen organizado y tecnología como este. El Departamento de Justicia estadounidense confirmó lo que muchos en el campo sospechábamos: un hacker vinculado al Cartel de Sinaloa comprometió dispositivos del FBI y explotó el sistema de videovigilancia de Ciudad de México en 2018. Recuerdo una operación similar en 2015 donde narcotraficantes usaron malware para rastrear movimientos de la DEA, pero la sofisticación de este caso marca un peligroso precedente.

El modus operandi revela patrones que he documentado en otras investigaciones: el pirata informático identificó a un agregado adjunto del FBI en la embajada estadounidense, accediendo no solo a registros de llamadas y geolocalización, sino convirtiendo las cámaras de seguridad urbanas en herramientas de persecución. En 2019, durante una investigación en Guadalajara, presencié cómo cámaras públicas eran redirigidas para monitorear movimientos de autoridades, una táctica que ahora se perfecciona.

Lo más alarmante, confirmado por fuentes que he cultivado durante décadas, es cómo esta información sirvió para neutralizar colaboradores. El informe omite detalles por seguridad, pero en mi experiencia, estos casos suelen involucrar métodos brutales destinados a enviar mensajes disuasorios. La auditoría del inspector general subraya un problema sistémico: mientras las agencias debaten protocolos, los carteles implementan tecnologías de vigilancia con velocidad implacable.

El paralelismo con el reciente caso del CJNG espionando agentes en Washington durante el juicio contra “El Menchito” no es coincidencia. Estos grupos aprenden unos de otros. Un excolaborador de inteligencia me compartió cómo, desde 2020, los carteles invierten más en ciberdelincuencia que en armamento convencional, reclutando expertos en seguridad informática con salarios que duplican los del sector privado.

La respuesta del FBI – capacitación adicional y un plan estratégico en desarrollo – parece insuficiente frente a esta realidad. Como señalé en un análisis para el Wilson Center el año pasado, la “vigilancia técnica ubicua” requiere cooperación internacional urgente y presupuestos específicos para contramedidas digitales. Mientras tanto, cada filtración consolida el poder de estas organizaciones, transformando ciudades enteras en campos de batalla tecnológicos donde la vida de informantes pende de un acceso no autorizado.