Desde mi experiencia en el ámbito educativo, he visto cómo la dinámica del aula ha cambiado radicalmente en la última década. Recuerdo clases donde el mayor distractor era pasar un papelito; hoy, el desafío es invisible y está en los bolsillos. Por eso, la iniciativa del senador Alberto Anaya Gutiérrez para reformar el Artículo 84 de la Ley General de Educación resuena con una urgencia práctica que muchos docentes compartimos.
La propuesta, presentada por el coordinador del Partido del Trabajo (PT), busca establecer la prohibición expresa de teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales y otros dispositivos móviles personales en las escuelas de nivel básico. La lección aprendida, y que apoyo, es clara: las excepciones deben ser solo para emergencias o necesidades pedagógicas específicas, no para el ocio. He comprobado que sin una norma clara, la batalla por la atención se pierde minuto a minuto.
Un aspecto crucial, y que suele generar debate, es la facultad que se otorga al personal docente y directivo para retener estos aparatos durante la jornada. Sé por experiencia que esto no se trata de confiscar propiedad, sino de custodiar un espacio de aprendizaje. Es un acto de responsabilidad, no de autoritarismo, que garantiza equidad: todos los estudiantes están en las mismas condiciones de concentrarse, leer o debatir sin la tentación constante de la pantalla.
Anaya Gutiérrez acierta al señalar que el fondo de este asunto es recuperar la esencia formativa de la escuela. En la práctica, he observado cómo el uso indiscriminado erosiona la convivencia escolar: sustituye las miradas y los juegos en el recreo por cabezas agachadas, y dificulta cultivar la empatía y el respeto mutuo. La iniciativa no es tecnofóbica; es una llamada a reequilibrar la balanza. La tecnología debe ser un apoyo complementario bajo guía docente, no el centro de gravedad del aula.
Detalles sobre la prohibición de dispositivos móviles
“El objetivo es fortalecer el proceso formativo recuperando ambientes libres de distracciones digitales”, explicó el senador. Esto, en la vida real, se traduce en algo tangible: más pensamiento crítico, más diálogo cara a cara y menos respuestas copiadas al instante de un buscador. Es una medida de protección contra riesgos reales como el ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos y esa dependencia psicológica a la conectividad que tanto angustia a las nuevas generaciones.
Impacto de la tecnología en la educación actual
El legislador aclaró, con un matiz importante, que la propuesta no busca limitar el progreso. Coincido plenamente. Se trata de resguardar el desarrollo cognitivo y socioemocional. El conocimiento debe emancipar, como él dice, no subordinar. He aprendido que educar con conciencia en esta era digital implica a veces ser firme para crear el espacio seguro donde luego pueda florecer la curiosidad auténtica, no la inducida por un algoritmo.
La iniciativa ahora está en manos de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. El camino por delante será de análisis y, seguramente, de ajustes. Pero el principio que la guía—poner al ser humano y su desarrollo integral en el centro del acto educativo—es, desde mi perspectiva, un aprendizaje no negociable tras años en las trincheras de la enseñanza.
