En el marco de las trascendentales audiencias públicas para la reforma electoral, una propuesta particularmente audaz capturó la atención de todos los presentes. Juan Félix Costa, fundador de Morena en Cuba y un obradorista de corazón, planteó una medida que, desde mi experiencia en el análisis político, siempre surge en tiempos de cambio pero rara vez se materializa: la eliminación de la Cámara de Senadores.
He visto numerosas iniciativas de reforma a lo largo de los años, pero esta es de las más contundentes. Costa argumentó, con una convicción que recuerda a los grandes debates constituyentes de otras épocas, que las facultades del Senado podrían ser absorbidas perfectamente por la Cámara de Diputados. Es una idea que fuerza a uno a preguntarse sobre la eficiencia real de nuestra estructura bicameral en el México moderno.
Como un añadido estratégico a su propuesta principal, algo que en la práctica suele servir para amortiguar el impacto de una idea radical, sugirió la creación de la figura de revocación de mandato para los senadores. Es una noción interesante; siempre he creído que si existe para el Presidente, la lógica de la rendición de cuentas exige que se extienda a otros cargos de elección popular. La ausencia de este mecanismo para gobernadores y senadores ha sido, en mi opinión, una deuda de nuestra democracia.
Su visión no se detuvo ahí. Propuso una drástica reducción de las curules plurinominales en San Lázaro, de 185 a apenas 25, las cuales se asignarían a los segundos lugares más votados por circunscripción. Esta idea, que también ha sido impulsada por Luisa Alcalde, busca, en esencia, acercar más la representación política a la voluntad popular directa, un principio por el que siempre he abogado.
Finalmente, proyectó una visión a largo plazo que he escuchado en círculos tecnológicos pero que enfrenta enormes desafíos prácticos de seguridad y confianza pública: la implementación gradual del voto electrónico hasta lograr la desaparición total del sufragio en papel para el 2033. La idea es seductora por su modernidad, pero mi experiencia me dice que la transición debe ser meticulosa, transparente y sobre todo, creíble para la ciudadanía. La propuesta de un único Instituto Nacional Electoral en lugar de los OPLES subnacionales apunta hacia una centralización que puede tener tanto ventajas en homogenización como desventajas en el entendimiento de contextos locales.
Estas propuestas, presentadas ante figuras clave como Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar, no son meras ocurrencias. Son el reflejo de un debate necesario sobre la arquitectura de nuestra democracia, un debate que, desde mi trinchera, celebro que se esté dando con esta profundidad. La verdadera prueba, sin embargo, estará en su discusión, su maduración y su capacidad para construir consensos más allá de una sola fuerza política.
