Una segunda mujer muere en comisaría de Salina Cruz
El silencio oficial se rompió con un escueto comunicado. El gobierno municipal de Salina Cruz informó que una mujer “lamentablemente falleció” dentro de la comandancia de la policía local. Las autoridades prometieron aplicar protocolos para “esclarecer los hechos” y, de manera crucial, deslindar responsabilidades. Pero, ¿qué ocurrió realmente entre esos muros?
La víctima fue identificada de manera extraoficial como Andrea Tamara B. A., de aproximadamente 30 años de edad. Su cuerpo fue hallado en el interior de una celda, en circunstancias que inmediatamente encendieron las alarmas: colgada de una de sus prendas de vestir. La comisaría se negó a informar sobre los motivos de su detención o el lugar donde esta se produjo, dejando un vacío informativo que alimenta la especulación.
El escenario se tornó aún más sombrío cuando peritos de la Fiscalía de Oaxaca iniciaron una minuciosa labor de peritaje. Mientras los científicos forenses trabajaban, un grupo de familiares de la fallecida permanecía a las afueras, sumidos en la confusión y la desesperación. Su testimonio es demoledor: no sabían nada. Se enfrentaban a la burocracia y al secretismo en el momento de su mayor dolor.
Esta tragedia no es un hecho aislado. Es un eco siniestro que resuena en los pasillos de la misma comisaría. El 19 de agosto de 2022, en esas mismas celdas, fue encontrada sin vida la ciudadana Abigaíl Hay Urrutia. Las investigaciones oficiales concluyeron en su momento que se trató de un suicidio. Sin embargo, su familia ha sostenido de manera incansable y pública que fue asesinada. Hace apenas unas semanas, al conmemorar el tercer aniversario de su muerte, volvieron a condenar la impunidad y la ausencia de justicia.
Con el hallazgo del cuerpo de Andrea Tamara, son dos mujeres muertas dentro de la misma comandancia policial, ambas bajo la presidencia municipal de Daniel Méndez Sosa. La administración, en lugar de ofrecer transparencia, pidió a la ciudadanía que no difundiera “información no confirmada”, una petición que muchos interpretan como un intento de controlar la narrativa.
La respuesta de la Fiscalía General de Oaxaca fue la de iniciar investigaciones ministeriales con perspectiva de género y todas las labores de ciencia forense necesarias para determinar la causa del deceso. La acción más significativa, no obstante, fue el traslado de al menos diez elementos de la policía municipal que cubrían el turno de los hechos para que rindieran su declaración inicial ante la Vicefiscalía Regional del Istmo.
¿Por qué estas muertes ocurren bajo custodia? ¿Qué protocolos de vigilancia fallaron? ¿Existe un patrón de negligencia o algo peor? La investigación apenas comienza, pero las sombras del pasado y el dolor de dos familias exigen algo más que promesas: exigen verdades concretas y, sobre todo, justicia.
